El Gobierno anunció este viernes que apelará la decisión judicial que benefició a diez personas acusadas de tomar una planta petrolera y confirmó la ampliación de la denuncia con nuevos delitos, entre ellos terrorismo, por los hechos registrados durante la ocupación de la infraestructura estatal en el municipio de Santa Rosa del Sara, del departamento de Santa Cruz.
El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, informó, en Santa Cruz, que acompañó a representantes de YPFB Chaco y otras instancias de la estatal petrolera para ampliar la querella contra los implicados.
“Hemos venido a ampliar la querella contra esos diez señores que han asaltado una planta. No solamente la han tomado, sino que además secuestraron personas. Esto se convierte en un acto de terrorismo”, afirmó la autoridad.
Blanco cuestionó que los acusados hayan sido procesados inicialmente por asociación delictuosa, figura penal que contempla sanciones menores y que permitió que recuperaran su libertad tras admitir responsabilidad.
“Se declararon culpables y como la pena es menor a tres años los soltaron. Pero tienen que pagar por lo que han hecho. No vamos a permitir que se dañe a los bienes del Estado y de todos los bolivianos”, sostuvo.
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El martes, un grupo de campesinos cortaron el ingreso un pozo petrolero e ingresaron hasta las instalaciones. La Policía desplegó un contingente policial y recuperó instalaciones del campo petrolero Humberto Suárez Roca.
El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, señaló que el Gobierno busca corregir una imputación que considera insuficiente frente a la gravedad de los hechos. “Tomaron una propiedad del Estado, dañaron infraestructura estratégica, interrumpieron el suministro de hidrocarburos y además retuvieron personas. Son elementos que configuran un hecho de terrorismo”, afirmó.
La autoridad indicó que el Ejecutivo presentará el lunes una apelación para que se revise la decisión judicial y se incorporen nuevos tipos penales al proceso.
Asimismo, informó que YPFB presentó una nueva denuncia por los daños ocasionados a la infraestructura petrolera, mientras que la Policía también se constituyó en parte afectada debido a las agresiones sufridas por efectivos durante la intervención.
“Hay oficiales lesionados, uno de ellos con heridas en el rostro. Tenemos que llamar a las cosas por su nombre. Este ha sido un acto terrorista y no lo vamos a tolerar”, manifestó Paredes.
Añadió que se pidió a la Fiscalía ser impecables en su procedimiento al procesar, a los que llamó, “delincuentes”. “No podemos dejar pasar y vamos a estar atentos a todo el procesamiento”, dijo.
La autoridad señaló que aún se evalúan los daños económicos ocasionados por la toma de la instalación petrolera, aunque advirtió que el perjuicio es significativo debido a la importancia estratégica de la infraestructura para el suministro de carburantes.
