Los números de los perjuicios ocasionados por el conflicto en el país no pueden ser minimizados. Según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), el costo acumulado de los bloqueos que estremecen a Bolivia desde inicios de mayo supera los $us 2.000 millones. La afectación llega a productores agropecuarios y forestales, agroindustriales, manufactureros, exportadores, importadores, comerciantes, transportistas, el turismo, los servicios y el propio erario nacional. «El daño es triple», resume Gary Rodríguez, economista y gerente general del IBCE. El impacto es económico, a la imagen del país y a la población como tal.
El primero es el más mensurable. El segundo, advierte Rodríguez, opera en silencio, pero con consecuencias igualmente graves. «Los bloqueadores están provocando un enorme daño intangible al país, en beneficio de otras naciones donde van los capitales de inversión y los negocios de exportación e importación». El tercero es el menos reversible: al menos siete muertes registradas en carreteras bloqueadas, donde no llegaron ambulancias ni oxígeno ni medicamentos a tiempo.
Productores al límite
Para entender la magnitud del daño concreto, Rodríguez cita un ejemplo que lo ilustra con precisión: el sector avícola de Santa Cruz y Cochabamba. Más de un millón de pollitos bebé tuvieron que ser sacrificados para evitar una sobreoferta que el mercado bloqueado no podía absorber. Más de 200.000 aves murieron de hambre al no llegar el alimento y se perdieron más de un millón de huevos. «En menos de dos meses se verá el impacto con una menor oferta de pollo y la subida de precios», advierte el economista.
No es un caso aislado. «Muchas empresas están complicadísimas porque no solo que no están generando ingresos con normalidad, sino que están perdiendo dinero, teniendo que enfrentar pagos ineludibles: sueldos, proveedores, créditos». La descapitalización no es una amenaza futura sino un proceso en curso. Miles de unidades productivas, señala el ejecutivo, «corren el riesgo de no recuperarse».
La recuperación dolorosa
¿Cuánto tiempo tomará volver a la normalidad una vez que cesen los bloqueos? La respuesta del gerente del IBCE es cautelosa. «Con toda seguridad no será de la noche a la mañana, y dependiendo del sector y actividad que se trate, no tomará uno, sino muchos meses».
La condición de partida, insiste, es una sola: seguridad jurídica. A partir de ahí, Rodríguez plantea que el gobierno debería articular medidas de cortísimo plazo orientadas a dar liquidez a los agentes económicos. Ya sea mediante un fondo de emergencia, líneas de crédito específicas o acuerdos de refinanciamiento con la banca. El horizonte más largo demanda reformas estructurales en inversión, hidrocarburos, minería, exportaciones y régimen laboral y otras legislaciones pendientes.
Una crisis anunciada
El análisis de Rodríguez no se limita a la coyuntura. Desde el IBCE, recuerda, se advirtió durante años sobre los riesgos de un modelo centrado en el paternalismo estatal y el rentismo hidrocarburífero. «La exportación de gas natural cayó desde $us 6.500 millones en 2013 a poco más de $us 1.000 millones en 2025», señala. Ese vacío nunca fue compensado con diversificación productiva. Se propuso la producción de biocombustibles, la libre importación de combustibles por el sector privado, incentivos al agro exportador, revisión de la legislación de inversiones. «No se nos hizo caso, y los resultados están ahora a la vista», lamenta.
La divisa paralela, bordeando los Bs 10, está muy distante del tipo de cambio oficial de Bs 6,96. Para Rodríguez ese es el reflejo y la consecuencia más visible de decisiones que se tomaron —o no se tomaron— hace años. «Si se daban las condiciones al sector agroproductivo y forestal, Bolivia podía terminar nadando en dólares en pocos años», sostiene. La inflación que hoy castiga a los bolivianos, afirma, «se pudo evitar».
Lo que queda, en medio de la crisis, es la misma propuesta que el IBCE lleva años formulando: un gran Pacto Social Productivo que reencauce al país hacia el desarrollo. Los productores lidian hoy con las consecuencias de un conflicto político que no generaron, pero que no pueden eludir.
