La Justicia determinó este sábado la detención preventiva por seis meses del exgerente de Comercialización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Alfredo Cuéllar Pinto, en el marco de la investigación por el denominado caso Gasolina desestabilizada.
La decisión fue asumida por el juez de Instrucción Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres N.º 1 de La Paz, Román Castro, quien ordenó que el ejecutivo cumpla la medida cautelar en el penal de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, mientras avanzan las pesquisas.
Carlos Cuéllar
La resolución fue emitida tras la audiencia de medidas cautelares desarrollada en el marco del proceso que indaga presuntas irregularidades vinculadas a la calidad de combustibles distribuidos en el mercado nacional.
De acuerdo con la determinación judicial, Cuéllar permanecerá recluido durante seis meses mientras el Ministerio Público y las instancias investigadoras continúan recabando elementos para esclarecer los hechos denunciados.
El caso, conocido públicamente como “Gasolina basura”, se refiere a una investigación sobre posibles anomalías en la comercialización y control de combustibles, un tema que generó preocupación en distintos sectores debido a sus eventuales efectos sobre vehículos y actividades productivas.
Detención preventiva
La Fiscalía sostiene que existen indicios que justifican la aplicación de la medida cautelar, mientras que la defensa del ejecutivo rechazó las acusaciones y solicitó medidas sustitutivas a la detención preventiva.
La investigación busca determinar el grado de participación de funcionarios y exfuncionarios de la estatal petrolera en la cadena de importación, almacenamiento y comercialización del combustible cuestionado.
El caso salió a la luz a inicios de año, cuando transportistas y propietarios de vehículos denunciaron fallas en motores e inyectores presuntamente ocasionadas por gasolina “desestabilizada”.
Posteriormente, YPFB reconoció problemas en la calidad del carburante y atribuyó el hecho a una combinación de factores técnicos vinculados al almacenamiento y composición del producto.
Investigación
Las investigaciones internas de la petrolera identificaron inicialmente a varios funcionarios relacionados con la distribución del combustible observado.
Paralelamente, una comisión legislativa estableció indicios de responsabilidad en al menos 42 funcionarios y exfuncionarios de YPFB y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), cuyos nombres forman parte de un informe que será remitido a las instancias competentes.
La crisis de los carburantes generó una serie de cambios en la administración de la empresa estatal, además de protestas y demandas de resarcimiento por parte de los sectores afectados.
Por su parte, el Gobierno también denunció la existencia de redes irregulares vinculadas al manejo y control de combustibles importados, mientras continúan los procesos administrativos y penales para esclarecer lo ocurrido.
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