La Justicia determinó medidas sustitutivas para el representante de la empresa Makiber S. A., acusado por contratos lesivos al Estado e incumplimiento de contratos. El proceso se abrió por presuntos daños en el Instituto Gastroenterológico emplazado en la ciudad de La Paz.
Además, se dispuso, arraigo, el pago de una fianza de Bs 10.000, la presentación de tres garantes, la obligación de comparecer periódicamente ante el Ministerio Público.
El acusado tiene prohibido acercarse al Ministerio de Salud y a la Agencia de Infraestructura y Equipamiento Médico de Bolivia (AISEM).
El fiscal del caso, Wilson Medrano, informó que en la audiencia solicitó la detención preventiva por seis meses en un recinto penitenciario; sin embargo, la autoridad judicial dispuso que se defienda en libertad.
“Esto se va a resolver en una segunda instancia, donde el Ministerio Público expondrá los agravios que se consideraron al momento de emitir la resolución de imputación”, explicó, según una nota de ABI.
El acusado fue aprehendido el martes, luego de prestar declaración informativa.
El caso está vinculado a presuntas irregularidades en la construcción del Instituto Gastroenterológico.
De acuerdo con el informe de la Fiscalía, el terreno no era apto para este tipo de edificaciones, lo que derivó en hundimientos y fisuras producto de la humedad. El presunto daño económico asciende a más de Bs 711.000.
CONSTRUCCIÓN
La construcción del complejo hospitalario se realizó bajo la modalidad “llave en mano”. La entrega provisional se efectuó en 2024; sin embargo, los constantes retrasos postergaron su entrega definitiva.
Según el fiscal, en sus declaraciones, el acusado explicó que no se concluyó con la obra porque se debía empezar con la tercera fase del proyecto, cuyo contrato se firmó recién. Sin embargo, este dato no fue informado por el Ministerio de Obras.
Por este caso, se investiga al menos 15 personas. Entre ellas exautoridades, asesores técnicos y una exministra de Salud. Ellas habrían participado en la suscripción, supervisión y continuidad del contrato sin observar los riesgos técnicos.
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Las investigaciones continuarán en etapa preparatoria, donde se prevé la realización de pericias geológicas para determinar la aptitud del terreno y establecer responsabilidades penales.
