En el marco de las celebraciones por el Bicentenario de Bolivia, el Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros destacó los avances alcanzados por el sistema de pensiones, subrayando su capacidad de resistencia en tiempos de crisis, el incremento en la rentabilidad de los fondos y la consolidación de la administración estatal a través de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.
Según un informe institucional, el sistema previsional boliviano demostró solidez financiera incluso frente a escenarios globales adversos, manteniendo el pago puntual de las pensiones en sus distintas modalidades: contributivas, semicontributivas y no contributivas. Este desempeño cobra particular importancia en una región donde muchos países enfrentan serias dificultades para garantizar la sostenibilidad de sus fondos de jubilación.
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Uno de los hitos más importantes en este proceso ha sido la transición total del Sistema Integral de Pensiones (SIP) hacia una administración pública, con la Gestora asumiendo plenamente la gestión de los fondos que antes estaban en manos de entidades privadas. Esta tarea comenzó parcialmente en septiembre de 2022 y se consolidó el 2 de mayo de 2023, cuando la entidad estatal tomó control total de trámites y pagos del sistema.
El cambio no solo mantuvo la estabilidad del sistema, sino que también mejoró los indicadores clave: mientras las anteriores administradoras privadas registraban una rentabilidad de 2,7% al momento del traspaso, la Gestora logró alcanzar un 4,43% al primer semestre de 2025. Asimismo, los fondos administrados crecieron de Bs 164.969 millones a Bs 196.519 millones en el mismo periodo.
El Viceministerio remarcó que este desempeño financiero responde al nuevo enfoque del Estado Plurinacional en materia de protección social, consolidado desde la promulgación de la Constitución en 2009, que reforzó políticas como la Renta Dignidad y los sistemas de jubilación e invalidez para trabajadores formales.
Sin embargo, el reporte también identificó desafíos pendientes. El más significativo es la necesidad de incorporar progresivamente al sistema a más del 60% de la población ocupada que actualmente trabaja en condiciones de informalidad, así como a jóvenes independientes. Para ello, se propone diseñar incentivos, simplificar el acceso y reforzar la educación previsional.
“El sistema de pensiones, más que un mecanismo financiero, es un instrumento de redistribución y dignidad. Su fortalecimiento es clave para consolidar la cohesión social y el bienestar colectivo”, recalcó el Viceministerio, que también abogó por profundizar políticas de inversión bajo criterios de seguridad, diversificación y rentabilidad.
