El Grupo Minero Sinchi Wayra solicitó la intervención inmediata de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Defensoría del Pueblo de Bolivia ante el recrudecimiento de la violencia ejercida por avasalladores en áreas de trabajo legalmente concesionadas en el departamento de Potosí.
De acuerdo con la sociedad minera, desde la tarde del miércoles, en la zona La Reserva – Tres Amigos, grupos de avasalladores intensificaron el hostigamiento contra la mina Reserva, con detonaciones de dinamita cada dos horas.
Sinchi Wayra
Estas acciones, denunció la compañía, ponen en riesgo la vida e integridad de los trabajadores, así como la seguridad de comerciantes y pobladores que dependen de la actividad minera.
La empresa recordó que se encuentra entre los principales contribuyentes del Estado, generando empleo digno y dinamizando la economía local mediante operaciones responsables y ajustadas a la normativa vigente.
Sin embargo, advirtió que este avasallamiento persiste desde hace más de un mes sin intervención estatal, mientras los atacantes se refugian en comunidades cercanas y siembran temor en la población.
“Estos grupos, que ya saquearon el Cerro Rico de Potosí, buscan extender su control hacia minas existentes para realizar minería ilegal sin ninguna responsabilidad ambiental, social ni laboral”, señaló la compañía en su comunicado.
Avasallamientos
El asedio sistemático con explosivos, remarcó, vulnera instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que obligan a los Estados a proteger la vida, la integridad personal y la seguridad frente a riesgos previsibles, incluso cuando provienen de actores no estatales.
“El Estado boliviano tiene la responsabilidad de precautelar la vida, la seguridad y los derechos fundamentales de las personas frente a un hostigamiento que amenaza con derivar en una tragedia humanitaria”, advirtió la empresa.
Por ello, Sinchi Wayra pidió a la CIDH evaluar la adopción de medidas cautelares urgentes para salvaguardar la vida de los trabajadores y civiles, y a la Defensoría del Pueblo exigir a las autoridades competentes la adopción de acciones inmediatas que desactiven el asedio y restablezcan la seguridad en la zona.
