Como se venía sospechando, el Gobierno confirmó que el Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 reformulado se entregará en la última semana de marzo, una vez que se conozcan los resultados de las elecciones subnacionales.
De acuerdo con un reporte de Bolivia Tv, la decisión se debe a que el Gobierno busca coordinar los recursos y presupuestos con las nuevas autoridades, quienes, en última instancia, utilizarán los montos que establezca la Ley Presupuestaria.
“El Gobierno apunta a consensuar la administración de los recursos públicos con gobernadores y alcaldes electos, por lo que el PGE reformulado será presentado al finalizar el primer semestre del año”, se lee en una publicación del canal estatal.
PGE
Las elecciones subnacionales se celebrarán el 22 de marzo y se prevé que las nuevas autoridades asuman funciones a inicios de mayo. A partir de entonces, el Gobierno central y los gobiernos autónomos iniciarán el ajuste del PGE 2026 reformulado.
El viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, explicó que las premisas principales del documento serán reducir en hasta un 30% el déficit fiscal a través de la reducción del Estado, lo que también representará recortes en gobernaciones, alcaldías y universidades públicas.
Sin embargo, el retraso en la entrega del PGE despertó las críticas de algunos legisladores de oposición, pues inicialmente se había anunciado que el Gobierno presentaría el documento hasta febrero. De igual manera, Samuel Doria Medina, jefe de la alianza Unidad, indicó que el Ejecutivo debería “explicar mejor” su decisión.
Mientras tanto, el Estado opera con el PGE 2026 elaborado durante el gobierno de Luis Arce, que entró en vigencia de manera automática el 1 de enero tras no ser modificado por la Asamblea Legislativa. No obstante, el documento contempla el modelo económico del Movimiento Al Socialismo (MAS) que no coincide con la actual visión de país del presidente Rodrigo Paz Pereira.
El PGE también incluye otras proyecciones económicas como el crecimiento de la economía, la tasa de inflación, el gasto público, entre otros. Por ello, su elaboración contempla una larga serie de procesos y reuniones bilaterales con otras instancias para contemplar datos concretos conforme a la realidad del país.
