La reforma del sistema tributario es una de las tareas centrales para la reactivación económica de Bolivia. Especialistas y autoridades coinciden en que una estructura impositiva más moderna, equitativa y eficiente puede generar beneficios.
Uno de los principales problemas es que la carga tributaria recae sobre un grupo reducido de contribuyentes formales, mientras que un amplio sector de la economía, 85% según las cifras oficiales, opera en la informalidad.
Esta situación reduce la recaudación tributaria, limita la capacidad del Estado para financiar servicios públicos y genera inequidades en el esfuerzo fiscal.
En ese contexto, una reforma tributaria busca redistribuir de manera más equitativa la carga impositiva, simplificar los trámites y adecuar las normas a la realidad económica del país.
Parte de estas propuestas estaban en el derogado Decreto Supremo 5503, aunque el Gobierno anunció que trabaja en un nuevo paquete normativo con ajustes técnicos y consensos más amplios y el acompañamiento de organismos internacionales.
Necesidad
Álvaro Tapia, viceministro de Política Tributaria, explicó a La Razón que el país sale de una época de dificultades económicas que ocasionaron una suerte de “empobrecimiento y recesión en todos los sectores”. En ese contexto destacó las medidas que está asumiendo el Gobierno.
“Todo ello ha generado un sacrificio muy grande y es indudable la necesidad de medidas urgentes de ajustes en la normativa, incentivos y otras medidas de alivio para la población”, dijo.
Y detalló, por ejemplo, la aplicación del arancel cero para los productos vinculados a la actividad de transporte, establecido en el Decreto Supremo (DS) 5516, y para los dispositivos electrónicos de línea negra, que figura en DS 5518. Mencionó también que en el DS 5533 se reglamenta el arancel e Impuesto al Valor Agregado (IVA) cero para combustibles.
“Son medidas que eran necesarias tomar, pero esto no acaba ahí, hay otras como la eliminación de la limitación del cómputo de crédito fiscal para la compra de combustibles que actualmente solo es 70% y debería ser 100%”, explicó e informó que esa norma ya está en manos de la Asamblea Legislativa junto a la eliminación de cuatro impuestos: a las grandes fortunas, de las transferencias financieras, al juego y a promociones empresariales.
También hizo referencia a proyectos de ley para la “reaparición” del Siete-RG que estaba en el DS 5503. Se trata de un régimen transitorio para atraer al sector informal a la formalidad “a través de un sistema tributario fácil, económico y que no implique dificultades administrativas para contribuyentes y emprendedores”.
Reformas
Asimismo, planteó otras reformas que tiene en mente el Gobierno como la reducción de los plazos de prescripción, establecer un alivio fiscal, es decir una condonación tributaria para intereses y sanciones debido al incremento de las deudas tributarias por el “terrorismo fiscal que hemos vivido durante los últimos años”.
Sugirió también la necesidad de un saneamiento tributario para deudas que son más antiguas y “prácticamente estarían extinguidas por la prescripción”.
“Está la universalidad de facturas, la compensación del IUE (Impuestos a las Utilidades de las Empresas) con el IT (Impuestos a las Transacciones), algunos ajustes en el impuesto a los consumos específicos que ha tenido un incremento desproporcional por la elevación de la UFV ”, explicó.
Tapia aseguró que existen otras medidas más específicas a corto plazo que se incluirán en otro decreto que será presentado al Ejecutivo la siguiente semana.
En tanto, a largo plazo plantea reformar el sistema tributario: revisar todos los impuestos que existen para definir cuáles deben seguir, cuáles deben ajustarse.
“Queremos un sistema tributario más justo, que sea más comprendido por la población, que sea equitativo, que no sea confiscatorio”, remarcó.
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Otras medidas
La autoridad mencionó también la lucha contra el contrabando, la flexibilización y simplificación en el tema aduanero, fomentar las exportaciones, restituir zonas francas y agilizar los despechos aduaneros que van de la mano con el tema impositivo.
“Para modificar el código tributario hay muchos aspectos que hay que revisar. Actualmente resulta atentatorio contra el derecho de los contribuyentes. No existe un mecanismo de impugnación adecuado y junto a ello hay contenciosos tributarios que no ofrecen muchas garantías a la eficiencia en su tramitación”, dijo.
El Gobierno encara modificaciones como la reducción de la prescripción de la deuda tributaria y una condonación que beneficiarán a todos. “Si bien se facilitan muchas cosas también habrá controles, una especie de difusión de cultura tributaria y no será un mecanismo coercitivo”, remarcó.
Al respecto, Luis Eduardo Zúñiga, especialista tributario, explicó a La Razón que en la Asamblea Legislativa existe un proyecto para modificar la ley 2492 del Código Tributario Boliviano específicamente en los artículos que se refieren a la prescripción.
“Lo que pasa es que Bolivia a nivel internacional es el único país que tiene dos cosas interesantes: uno el plazo para la prescripción es de ocho años, todos los demás países tienen un promedio de cuatro a cinco años, y dos en ningún otro país existe imprescriptibilidad para la deuda tributaria, solo en Bolivia. Eso genera una injustica tributaria”, explicó. La modificación plantea que la prescripción sea cuatro años.
Mauricio Viscarra, abogado y experto tributario, coincidió en la necesidad de reformas tributarias, principalmente para impulsar la formalidad en el sector comercial.
Informalidad
“Hoy Bolivia lidera la informalidad en América con una tasa de alrededor del 80% que significa que ese porcentaje no contribuye formalmente al sostenimiento del erario público con el pago de impuestos. Muchas de las medidas que puedan ser adoptadas deberían apuntar precisamente a incrementar los niveles de formalización”, dijo Viscarra a La Razón.
En criterio del experto, las reformas deben apuntar también a buscar medidas para reducir la presión fiscal “que ha ahogado al sector formal del país”.
“Tenemos un 80% de informalidad, es decir que un 20% soporta un mayor nivel de carga tributaria”, acotó. Y explicó que el Gobierno podría apuntar a una reducción de la cantidad de impuestos y compensar esa pérdida en la recaudación con el incremento de contribuyentes.
Asimismo, remarcó que la política fiscal sugiere varias medidas. Entre otras revisar regímenes tributarios que hoy están distorsionados. Por otro lado, indicó que el personal de Impuestos no aplica adecuadamente las reglas para el cobro de impuestos como el IVA y el IU, lo que genera fiscalizaciones “agresivas y deudas tributarias millonarias”.
