El Viceministerio de Medio Ambiente redefinirá hasta el mes de mayo el plan de implementación del Convenio de Minamata, tratado internacional que regula el uso del mercurio, en cumplimiento de una obligación asumida por el Estado boliviano.
Así lo informó el viceministro José Ernesto Ávila, quien explicó que ya se instruyó a las instancias técnicas a reconducir la estrategia nacional sobre este tema.
La autoridad señaló que el plazo solicitado permitirá revisar y ajustar el plan vigente, considerando la complejidad del escenario actual. Reconoció que, en los últimos años, el sector minero se fortaleció y llegó a ejercer control sobre ríos, territorios y áreas protegidas, desarrollando actividades que no responden a criterios de responsabilidad ambiental ni a la normativa vigente.
Mercurio
Ávila admitió que la problemática del uso del mercurio no puede resolverse en el corto plazo y que requiere un abordaje gradual, con sustento técnico y coordinación interinstitucional. En una primera etapa, la estrategia del Gobierno estará orientada a la persuasión y a la formalización de las actividades mineras que actualmente operan al margen de la ley y utilizan mercurio de manera irregular.
No obstante, advirtió que si estas acciones no generan resultados, el Estado hará cumplir el Convenio de Minamata mediante el uso de la fuerza pública.
Convenio
«La utilización del mercurio sigue siendo absolutamente irregular. Luego de que intentemos por la vía de la persuasión, si eso no funciona, vamos a tener que utilizar la fuerza pública para hacer cumplir con este convenio que es una obligación ineludible del Estado boliviano», declaró Ávila.”, sostuvo el viceministro en conferencia de prensa.
Precisó además que la elaboración de una eventual normativa específica corresponde al Ministerio de Minería, mientras que su despacho se encargará de garantizar la aplicación transversal del componente ambiental en todas las acciones.
El Convenio de Minamata sobre el Mercurio fue adoptado en octubre de 2013 en Kumamoto, Japón, y entró en vigor en 2017. En el caso de Bolivia, el acuerdo internacional fue ratificado mediante la Ley 759, promulgada en noviembre de 2015, incorporándolo al ordenamiento jurídico nacional como un compromiso vinculante para la protección de la salud humana y el medioambiente.
