El presidente de la Cámara Departamental del Transporte de La Paz (Cadetran), Álvaro Ayllón, rechazó este miércoles las acusaciones del Gobierno que sugieren la existencia de una mafia organizada en el transporte de combustible.
Ayllón sostuvo que el transporte empresarial opera con todos los permisos y estructura logística necesaria para garantizar un servicio de calidad a nivel nacional e internacional.
“Lamentablemente, como en todo sistema, pueden ocurrir fallas aisladas, donde algún conductor eventualmente se involucre en hechos ilícitos, pero eso no representa la generalidad del transporte”, explicó.
Según el dirigente, diariamente salen más de 300 cisternas desde distintos puntos de abastecimiento, y la mayoría de ellas cumplen con sus rutas sin inconvenientes. Por ello, aseguró que no existe ninguna mafia organizada, como indicó el Gobierno. Además, calificó las declaraciones como un intento de “buscar un chivo expiatorio” para desviar la atención de los problemas actuales en el suministro de combustible.
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Transporte
“Nosotros no vamos a aceptar que se nos utilice para justificar problemas ajenos. Hemos solicitado que se haga la aclaración respectiva y que se investigue el trasfondo de esta denuncia”, señaló Ayllón, quien insistió en que no se puede generalizar sobre los conductores ni las empresas. Que únicamente prestan un servicio contratando choferes capacitados para la conducción de los camiones.
El dirigente finalizó afirmando que esperan una rectificación oficial y la puntualización de los hechos antes de que se generen conclusiones equivocadas sobre la totalidad del sector transportista.
El Gobierno presentó el martes evidencia, incluyendo videos y fotografías. Para denunciar la existencia de una red de sabotaje y robo de combustibles que opera en Bolivia y Chile.
Según las autoridades, en los últimos cinco meses la organización habría adulterado el combustible de unas 5.000 cisternas. Afectando así a aproximadamente 150 millones de litros comercializados en el país.
De hecho, el presidente Rodrigo Paz calificó los hechos como una “traición a la patria”, y anunció acciones para identificar y sancionar a los responsables.





















































































