Trece trabajadores vinculados a una de las grandes compañías mineras de Perú fueron
hallados muertos dentro de una mina de oro en Pataz, en el noroeste del país, días después
de denunciarse su secuestro en ese lugar, informaron el domingo la empresa y autoridades.
La minería es un impulsor económico clave en Perú, uno de los mayores productores de oro
en América Latina. Pataz, ubicada a unos 900 kilómetros de la capital Lima, está en estado de
emergencia desde febrero de 2024 debido a la escalada de violencia causada por la fiebre del
oro.
«Esta madrugada, tras intensas labores de búsqueda, el equipo de rescate de la Policía pudo
recuperar los cuerpos de los 13 trabajadores que fueron secuestrados (…) por mineros
ilegales coludidos con elementos criminales», dijo en un comunicado la minera Poderosa, en
cuyas instalaciones ocurrieron los hechos.
Las víctimas eran trabajadores de una compañía que prestaba servicios a Poderosa, una
importante minera que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima, que en los últimos meses ha
sido blanco de grupos armados relacionados con la minería ilegal.
Fuentes policiales indicaron a la AFP que los cuerpos de los trabajadores aún se encuentran
en el interior de la mina.
El gobierno de la presidenta Dina Boluarte ordenó el despliegue de equipos de élite
especializados en crimen organizado y de divisiones de investigación para capturar a los
responsables.
«Nuestros agentes (…) están plenamente facultados para hacer uso de sus armas de fuego si
las circunstancias lo ameritan, en estricto cumplimiento del marco legal vigente», indicó el
Ministerio del Interior en un comunicado.
Según Poderosa, «suman ya 39 los colaboradores, mineros artesanales y sus trabajadores
ultimados por las bandas criminales que han tomado el control» de la localidad.
La minera hizo un «llamado urgente» a replantear la estrategia de seguridad del gobierno.
La «espiral de violencia descontrolada que vive Pataz se da a pesar de la declaración del
estado de emergencia y la presencia de un importante contingente policial que,
lamentablemente, no ha podido frenar el deterioro de las condiciones de seguridad en la
zona», enfatizó.
‘Queremos justicia’
En la ciudad de Trujillo, nueve horas al oeste de Pataz, los familiares de algunas víctimas
esperaban el traslado de los cadáveres de sus seres queridos a la morgue de esa localidad.
«Queremos justicia, que esto no se quede allí nomás», dijo a la televisora Canal N Abraham
Domínguez, padre de Alexander Domínguez, cuyos restos fueron encontrados en el interior
de la mina.
El alcalde de Pataz, Aldo Carlos, señaló que el lunes se reunirá con la presidenta Boluarte
para buscar soluciones a la inseguridad.
«Vengo levantando la voz fuerte, no soy revoltoso, pero me duele lo que pasa en mi pueblo
(…) Si me meten a la cárcel o me asesinan, el único responsable será el gobierno central»,
afirmó, acongojado.
Entre 2013 y 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú identificó operaciones por
8.241 millones de dólares sospechosas de provenir de la minería ilegal.
El país vive una ola de extorsiones y criminalidad violenta que ha llevado a las autoridades a
decretar el estado de emergencia en varios puntos del país.
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