Diego Gutiérrez, abogado del excívico Marco Antonio Pumari, informó este viernes que el Ministerio Público emitió los requerimientos para que declaren como testigos la expresidenta de la Cámara de Senadores Adriana Salvatierra y el exdiputado Víctor Borda, entre otros legisladores y actores políticos en el reinicio del juicio oral del lunes por el caso Golpe de Estado I.
La defensa de Pumari indicó que el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz recomendó al Ministerio Público que se debe convocar a los testigos que vieron “el hecho” y que no sean testigos políticos que “entorpezcan” con el desarrollo del juicio oral.
“Ya se han emitido todas las citaciones. El Ministerio Publicó, en todos estos tres días que hemos estado en suspensión, ya tendría que haber emitido todos los requerimientos y haber citado a todas las personas que van a declarar el lunes”, dijo Gutiérrez.
Sobre una posible convocatoria del expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera, el jurista señaló que las exautoridades no fueron testigos presenciales, ni están propuestos como víctimas dentro el proceso. “Ni siquiera ellos han estado presentes en La Paz”.
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El ministro de Justicia, César Siles, informó el jueves que el lunes comenzará con la prueba testifical, posterior a ello, en un par de semanas, se entrará a la fase de alegados y la sentencia.
“Si no sucede nada extraño. Me refiero a chicanas que a veces utiliza la defensa, acciones constitucionales, amparos, acciones de libertad. Debería de concluir máximo las primeras dos semanas de abril el juicio de Golpe de Estado I”, mencionó la autoridad.
El caso Golpe de Estado I se refiere a todos los hechos precedentes a la caída y renuncia del entonces presidente Evo Morales, el 10 de noviembre. Un motín policial y la sugerencia de renuncia de parte del Alto Mando de las Fuerzas Armadas decantar la decisión.
El hecho fue denunciado por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty a finales de 2020.
Los acusados, en 2019, jugaron un papel particular en la crisis poselectoral devenida de las cuestionadas y suspendidas elecciones generales del 20 de octubre, calificadas como “fraude” por la oposición y “manipulación dolosa” por la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA).
