Martín Camacho, abogado del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, informó este lunes que se cumplió con la notificación al presidente Luis Arce para que presente su declaración en calidad de testigo en el caso Golpe de Estado I.
Sin embargo, aclaró que al ser una autoridad tiene una “prerrogativa” para solicitar un cuestionario o que su declaración sea tomada en su despacho.
Respecto a la convocatoria del expresidente Evo Morales, el jurista indicó que no todos los comparendos fueron tramitados, debido a que muchos de los testigos solicitados cambiaron de domicilio desde 2019.
“El señor Evo Morales no ha sido encontrado en su domicilio real y es de carácter público que él está atrincherado en el Chapare, específicamente en Lauca Ñ. Otros testigos no pudieron ser encontrados en los números de teléfono o la ciudadanía digital que se había registrado”, indicó.
El Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción 6 de La Paz convocó, para este lunes, al expresidente Morales, al exvicepresidente Álvaro García Linera, al exministro de Gobierno Carlos Romero y al presidente Arce para que brinden su declaración en calidad de testigos.
El domingo, el ministro de Justicia, César Siles, señaló que el presidente Arce no recibió “ninguna” citación, por lo que descartó su presencia en la audiencia del caso Golpe I.
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También advirtió de una aplicación errónea en el procedimiento de la justicia al emitir notificación contra el presidente Luis Arce, Evo Morales y otras exautoridades sin antes discutir la utilidad y pertinencia de cada testigo.
“Ha sido una aplicación errónea del procedimiento, por partes de las autoridades judiciales, al emitir notificaciones cuando todavía no se ha discutido, según el procedimiento penal, la utilidad y pertinencia de cada testigo”, dijo.
Añadió que en audiencia se debe de discutir la utilidad y la pertinencia de la contribución al caso de las declaraciones del presidente Arce, del expresidente y todos los que están anotados como testigos de descargo de Luis Fernando Camacho y del excívico potosino Marco Antonio Pumari.
A finales de 2020, la exdiputada Lidia Patty interpuso una querella penal contra los políticos que promovieron la dimisión del entonces presidente Evo Morales en noviembre de 2019, al que se denominó caso Golpe de Estado I.
Dentro de este caso se encuentran imputados Camacho y Pumari, además de exjefes militares.
Los acusados, en 2019, jugaron un papel particular en la crisis poselectoral devenida de las cuestionadas y suspendidas elecciones generales del 20 de octubre, calificadas como “fraude” por la oposición y “manipulación dolosa” por la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA).
