El Gobierno trasladó este miércoles a la Asamblea Legislativa la decisión sobre un eventual estado de excepción que busca restablecer la circulación y el abastecimiento en el país. Los legisladores deben analizar el proyecto de ley enviado por el presidente Rodrigo Paz para dar paso a la medida de emergencia.
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, indicó que ahora corresponde al Legislativo analizar la propuesta remitida por el Ejecutivo y recordó que existe un plazo de 72 horas para su tratamiento debido al carácter urgente de la iniciativa.
La Paz y El Alto son las ciudades más golpeadas por los bloqueos, ya que los puntos se concentraron en la sede de gobierno. Incluso, el evismo llegó desde el Trópico de Cochabamba para fortalecer las medidas en la ciudad para presionar al Gobierno.
Frente a un punto muerto y sin señales de salida, Paz y su gabinete enviaron un proyecto de ley para normar los estados de Excepción, pero esta vez, en palabras del Gobierno, serán con un enfoque humanitario.
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“Está en manos de la Asamblea”, afirmó Paredes en su salida del Palacio Quemado.
El Gobierno espera que la norma reciba luz verde para activar un operativo que definió como una acción humanitaria destinada a garantizar la libre circulación, el abastecimiento de alimentos, medicamentos, combustibles y la atención de emergencias médicas.
“Esperamos que aprueben ese proyecto de ley que se hizo con mucha ingeniería para que no afecte derechos de terceros”, dijo.
Paredes aseguró que, una vez aprobada la norma, la ejecución de las medidas será inmediata debido a la situación que atraviesan las ciudades afectadas por los bloqueos. “La urgencia la está dando la población”.
El Ejecutivo convocará a distintas instituciones para acompañar el proceso, entre ellas, la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja, oficinas de Derechos Humanos, iglesias y a toda la población en general.
También anticipó que, en caso de aprobarse la ley, podrían aplicarse algunas restricciones temporales mediante disposiciones de buen gobierno emitidas por las gobernaciones, aunque evitó adelantar detalles.
