Bolivia y Estados Unidos suscribieron una Carta de Acuerdo para fortalecer la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico y otros delitos transnacionales, en un nuevo paso en el acercamiento entre ambos países en materia de seguridad y aplicación de la ley. E
El convenio prevé un aporte estadounidense de hasta $us 20 millones, destinados principalmente a capacitación, asistencia técnica y equipamiento especializado.
La cooperación estará a cargo de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por su sigla en inglés) del Departamento de Estado de Estados Unidos y se enfocará en el fortalecimiento de las capacidades operativas de las instituciones bolivianas responsables de la seguridad pública y la investigación criminal.
El acuerdo establece que Estados Unidos proporcionará capacitación, equipamiento y apoyo técnico al Gobierno boliviano en tres áreas principales. La primera apunta a fortalecer la investigación, interceptación y desmantelamiento de redes internacionales de narcotráfico.
La segunda se enfoca en la investigación de delitos financieros, entre ellos el lavado de dinero y hechos de corrupción. La tercera busca incrementar la transparencia y reforzar los mecanismos de rendición de cuentas en la Policía y el sistema judicial.
La Cancillería boliviana destacó que el acuerdo se negoció durante varios meses y que su contenido incorpora salvaguardas para proteger la soberanía nacional y garantizar el respeto a las leyes y normativas de ambos países.
El Gobierno afirmó que la cooperación se basa en los principios de responsabilidad compartida, respeto mutuo y coordinación frente a amenazas comunes.
La firma del documento se produce en el marco de recomposición de las relaciones entre La Paz y Washington en materia de seguridad.
En febrero de este año, autoridades bolivianas confirmaron la reanudación de la coordinación de inteligencia con Estados Unidos para combatir el narcotráfico, casi dos décadas después de la expulsión de los agentes antidrogas estadounidenses durante el gobierno de Evo Morales.
El acuerdo representa uno de los mayores compromisos de cooperación bilateral en seguridad de los últimos años y busca fortalecer la capacidad del Estado boliviano para enfrentar el crecimiento de las redes criminales transnacionales.
