El diputado de la alianza Libre Edgar Zegarra presentó este martes una denuncia penal contra dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y de la Federación Departamental de Campesinos Túpac Katari, a quienes atribuye responsabilidad por las consecuencias económicas y sociales derivadas de los 47 días de bloqueos que afectan al país.
La acción legal contempla los presuntos delitos de terrorismo, atentado contra la salud pública y atentado contra la seguridad de los transportistas. El legislador sostuvo que las medidas de presión provocaron perjuicios a miles de familias, empresas y sectores productivos de distintas regiones.
“Vamos a pedir que se hagan efectivos los gastos y que se empiecen a erogar recursos a favor de las víctimas con los aportes que tiene la Central Obrera Boliviana”, afirmó Zegarra.
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El diputado señaló que la denuncia busca establecer responsabilidades penales y económicas por las pérdidas ocasionadas durante la prolongada conflictividad, que dejó problemas de abastecimiento, interrupciones en el transporte y dificultades en el acceso a productos e insumos esenciales.
Para impulsar el proceso, Zegarra contrató al abogado Williams Sánchez, quien explicó que el bloqueo de carreteras y de las principales vías de comunicación puede constituir un atentado contra la seguridad de los transportes, un delito que contempla penas de hasta seis años de privación de libertad.
El jurista también argumentó que la escasez de medicamentos e insumos médicos registrada en algunas regiones del país podría configurar el delito de atentado contra la salud pública, debido a las dificultades que enfrentaron hospitales y pacientes para acceder a suministros esenciales.
Durante los 47 días de conflictividad, sectores empresariales, transportistas y organizaciones sociales denunciaron pérdidas millonarias, incremento de precios y problemas de abastecimiento de combustibles y alimentos.
