Solo el 8% del presupuesto destinado al sistema de protección contra la violencia de género se invierte en acciones de prevención. Así lo dio a conocer el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, durante la presentación de un informe ante organismos internacionales.
La presentación se realizó ante el Comité Interagencial de Asuntos de Género, conformado por la Agencia Francesa de Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
“En áreas clave como la prevención, se evidenció que solamente el 8% del presupuesto está vinculado a este ámbito”, puntualizó el defensor.
Acotó que las debilidades en la atención y coordinación institucional, se reflejan en protocolos insuficientes, alta rotación de personal y falta de capacitación continua.
Respecto al acceso a la justicia, entre 2013 y 2023 se reportaron 479.711 denuncias en el Ministerio Público. De estas, el 61% fue rechazado y solo el 5,7% cuenta con sentencia condenatoria.
“Esto evidencia que la aplicación de la Ley N° 348 presenta serias deficiencias en su efectividad. La lucha contra la violencia hacia las mujeres no es una concesión del Estado, sino el resultado de luchas sostenidas por las mujeres y organizaciones civiles”, afirmó.
APOYO
Asimismo, destacó el apoyo de ONU Mujeres en la elaboración del informe. Subrayó que se trata de un documento técnico basado en evidencia y en una investigación rigurosa, desarrollado en el marco de las competencias institucionales y con el respaldo de la cooperación internacional.
También valoró el trabajo articulado con la Red Alerta 348, que, desde la sociedad civil, contribuyó a la elaboración del informe. Así, dijo, se consolidó un esfuerzo conjunto entre el Estado, organizaciones sociales y organismos internacionales.
El evento contó con la participación de la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización, Jessica Echeverría. También estuvieron presentes representantes de organismos internacionales de cooperación e instituciones públicas.
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Todos coincidieron en la necesidad de fortalecer la articulación interinstitucional para avanzar en la implementación efectiva de la Ley 348 y garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres.
