El término “políticamente correcto” suele evocar una mezcla de escepticismo y desdén. Se le critica por ser una máscara de hipocresía, un lenguaje cuidadosamente pulido que esconde conflictos reales bajo una capa de eufemismos. Sin embargo, en el contexto de una Bolivia con una crisis económica que afecta a todos los sectores, un divisionismo que ha sido alimentado por años para “reinar” y a puertas de un nuevo gobierno, el concepto —más allá de su caricatura— adquiere una relevancia crucial. No se trata de callar opiniones, sino de construir un marco de diálogo donde el respeto sea la moneda común. El desafío para el próximo gobierno, y para toda la sociedad boliviana, será trascender la corrección política superficial para abrazar una auténtica cultura del encuentro.
Lo políticamente correcto puede ser una barrera o puente, después de más de dos décadas en las cuales la polarización y un proceso electoral donde las propuestas fueron simples enunciados, el debate político se ha convertido en un campo de batalla donde la descalificación del adversario es la primera estrategia. Etiquetas como “neoliberal”, “populista”, “pitita” o “masista” se usan para cerrar conversaciones, no para abrirlas. En este escenario, lo “políticamente correcto”, en su mejor expresión, no es sinónimo de debilidad o censura, sino de inteligencia cívica.
Que significa esto:
- Reconocer la dignidad del otro: hablar de “compañeros” o “adversarios políticos” en lugar de “enemigos”.
- Validar las narrativas ajenas: entender que la historia de Bolivia no es una, sino múltiples, y que la visión del oriente y occidente, del campo y la ciudad, son parte de una misma nación.
- Priorizar el diálogo sobre el monólogo: escuchar para ser escuchado.
- Dejar de apostar por el fracaso del próximo gobierno y entender que, si le va mal, nos va mal a todos.
El riesgo, por supuesto, es que este lenguaje se vuelva vacío, una performance para ganar favores internacionales o apaciguar críticas sin un cambio sustancial. El próximo gobierno deberá evitar este teatro y demostrar con hechos que el respeto verbal se traduce en políticas inclusivas, en medio de los grandes ajustes estructurales que debe realizar para frenar la crisis económica y moral que agobia a Bolivia.
Lo que le espera al próximo gobierno no es para nada fácil, pues recibe al país en el ojo del huracán, forzada a tomar decisiones económicas difíciles que definirán su rumbo para las siguientes décadas. Su éxito o fracaso dependerá de la capacidad de consenso y de la implementación de políticas mucho más ortodoxas y orientadas al mercado de las que se han venido aplicando.
El desafío de la gobernabilidad para con un país con heridas abiertas y expectativas contrapuestas. Su éxito no se medirá solo en indicadores económicos, sino en su capacidad para:
- Desactivar la polarización: el gobierno deberá actuar como un facilitador, no como un actor más en la pugna. Esto implica renunciar a la tentación de continuar como los anteriores mandatarios gobernando solo para su base y, en cambio, buscar puntos de convergencia con todas las fuerzas políticas y sociales.
- Restaurar la institucionalidad: la independencia de poderes, especialmente del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional, será una prueba de fuego. La ciudadanía exige transparencia y justicia, no la utilización de la justicia como herramienta política.
- Reactivar la economía en un contexto global complejo: con precios de materias primas volátiles y una crisis climática en ciernes, se necesitará pragmatismo y una visión a largo plazo que trascienda los ciclos electorales.
Los actores sociales deben jugar un papel imprescindible para la reconstrucción del tejido social y económico de Bolivia no puede ser una tarea exclusiva del gobierno. Requiere un compromiso corresponsable de todos los sectores.
El sector privado debe evolucionar de ser un crítico desde la tribuna a un actor protagónico en la construcción de soluciones.
- Invertir con confianza: reactivar la inversión privada es fundamental, pero debe ir acompañada de un compromiso con la legalidad y la responsabilidad social.
- Generar empleo de calidad: crear puestos de trabajo formales y dignos es su mayor contribución a la estabilidad social. Para lo cual se debe contar con normas de contratación que vayan en favor del empleado y del empleador.
- Innovar y diversificar: Bolivia necesita dejar de depender exclusivamente de los recursos extractivos. El empresariado es clave para impulsar emprendimiento, tecnología y nuevos sectores productivos.
Por otro lado, los movimientos sociales y sindicatos deben asumir un rol de vigilancia activa constructiva, abiertos al diálogo, pasando de la crítica a la propuesta y romper con esa falsa creencia que el gobierno y el empresario es el enemigo.
El parlamento que hoy se conforma por nuevos actores políticos, que responden a agrupaciones que conformaron las diferentes alianzas, debe devolver a ese órgano deliberante el respeto y la dignidad.
En este difícil escenario lo políticamente correcto no debe ser el fin, sino el medio. El vocabulario del respeto es el andamiaje necesario para construir una Bolivia donde el disenso no signifique destrucción. Al próximo gobierno le espera la titánica tarea de liderar este proceso, pero no puede hacerlo solo.
El empresariado debe asumir su rol con coraje y responsabilidad social; los obreros, campesinos y la ciudadanía deben mantener su capacidad de demanda, pero desde una participación informada y constructiva. Juntos, estos actores pueden convertir la encrucijada actual en una oportunidad para sentar las bases de un país más próspero, justo y, sobre todo, unido en su diversidad. El verdadero “lenguaje políticamente correcto” será, al final, el de los hechos compartidos.
Pablo Camacho
es empresario industrial.
