El regionalismo latinoamericano atraviesa una encrucijada. Recientemente hemos presenciado el aplazamiento de la Cumbre de las Américas, bloques que se superponen y desacuerdos diplomáticos que reflejan una doble parálisis: la fragmentación institucional y la polarización política entre gobiernos. Esta combinación reduce drásticamente la capacidad de la región para actuar de forma colectiva ante desafíos compartidos como el crimen organizado, el cambio climático o la débil infraestructura.
La salida a este estancamiento no pasa por crear nuevos foros de “alta política”, sino por adoptar un pragmatismo funcional, orientado a resultados concretos. La región necesita un giro estratégico hacia la cooperación técnica como herramienta de confianza. Se trata de migrar de la retórica a la solución de problemas tangibles, mediante arreglos institucionales flexibles y menos dependientes de los ciclos electorales. Grupos de trabajo permanentes que puedan avanzar en la provisión de bienes públicos regionales: corredores logísticos, armonización normativa o gestión compartida de recursos naturales.
El éxito de esta aproximación no se mide en declaraciones, sino en indicadores de eficacia: ¿redujimos el tiempo de despacho en fronteras terrestres? ¿mejoró la coordinación en el uso del agua o la energía? ¿avanzamos en conectividad digital y logística? Son estos logros silenciosos los que acumulan confianza y generan interdependencia positiva entre países, especialmente entre aquellos con relaciones históricamente frágiles.
Este enfoque también requiere racionalizar la arquitectura institucional regional, asignando a cada foro una función operativa clara y complementaria. En lugar de multiplicar mecanismos que compiten entre sí, se trata de fortalecer su especialización funcional y fomentar la cooperación diferenciada. Los países, por su parte, deben identificar sus ventajas comparativas —ya sea en know-how energético, tecnología portuaria o geocentralidad— para ejercer liderazgos de nicho. Proyectos compartidos en torno al litio, la energía o las grandes interconexiones bioceánicas pueden servir de plataforma para esa cooperación flexible y efectiva que la región demanda.
Este tipo de cooperación funcional también fortalece la “integración desde abajo”. Las cámaras de comercio, las universidades y las organizaciones de la sociedad civil deben ser reconocidas como socios estratégicos del Estado. La diplomacia de ciudadanos, enfocada en resolver problemas comunes —desde el combate al crimen organizado hasta la adaptación al cambio climático—, actúa como un contrapeso invaluable a la volatilidad política.
En este contexto, la academia tiene un papel insustituible. En un escenario donde las relaciones entre gobiernos se han fragmentado o paralizado, las universidades pueden mantener vivos los canales de diálogo y la circulación de ideas. Un ejemplo reciente es el Programa Estratégico de Apoyo y Fortalecimiento de la Integración Sudamericana (SUR), impulsado por la Universidad de Chile y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). El Programa SUR busca articular una red regional de investigadores, funcionarios y especialistas que diseñen soluciones concretas a los problemas de la integración, promoviendo una nueva generación de liderazgos técnicos y regionalistas. En ausencia de consensos políticos amplios, estas iniciativas sostienen la conversación regional sobre bases técnicas y de cooperación entre pares.
La tarea crucial no es inventar una nueva sigla de integración, sino gestionar con eficacia lo ya existente y hacerlo converger. La cooperación funcional no es un ideal menor: es la vía más pragmática para reconstruir confianza y avanzar hacia una autonomía regional real. Y en esa tarea, la academia y las instituciones técnicas pueden tender los puentes que la política, por ahora, no logra construir.
Federico Rojas de Galarreta es académico
Instituto de Estudios Internacionales-Universidad de Chile
