La productividad y la competitividad de la economía boliviana constituyen uno de los principales desafíos estructurales del país. Entre las causas más relevantes se encuentran la escasa inversión en investigación y desarrollo (I+D), la limitada capacitación del capital humano, la elevada informalidad laboral y la persistencia de marcos regulatorios e institucionales poco eficientes. Superar estas limitaciones requiere un entorno estable que promueva la inversión privada, la innovación y el crecimiento sostenible, mediante esfuerzos coordinados entre el sector público y el privado, con énfasis en digitalización, educación, economía 4.0 y formalización económica.
Actualmente, más del 85 % de los trabajadores bolivianos se desempeña en la informalidad, lo que restringe la adopción de tecnología, la capacitación laboral y el aumento de la productividad agregada. Esta situación explica por qué la productividad por trabajador es significativamente inferior al promedio latinoamericano, limitando la posibilidad de incrementar salarios de manera sostenible y competir en mercados internacionales. A ello se suma la debilidad del sistema educativo y la insuficiente formación de habilidades técnicas y digitales, factores que reducen el potencial del capital humano. Asimismo, la inseguridad jurídica y los vacíos regulatorios desincentivan la inversión privada y la formalización empresarial.
En este contexto, resulta imprescindible impulsar políticas públicas que fomenten la innovación, simplifiquen trámites y fortalezcan la seguridad jurídica, permitiendo que las empresas crezcan, inviertan y generen empleo formal. Sin reformas estructurales, cualquier mejora salarial será frágil y de corto plazo.
La digitalización del Estado y del sector productivo puede convertirse en un factor clave para elevar la eficiencia, reducir costos y mejorar la transparencia. La adopción de tecnologías digitales no solo moderniza procesos, sino que también facilita la formalización.
Según la CEPAL, la productividad de Bolivia se encuentra entre las más bajas de la región y es la menor de Sudamérica, brecha que se ha ampliado en la última década frente a países que han avanzado en adopción tecnológica y reconversión productiva. Economías como Perú, Honduras y Guatemala han mejorado su desempeño al orientarse hacia servicios de mayor valor agregado y promover la innovación. En la misma línea, la CEPAL y el Banco Interamericano de Desarrollo coinciden en que el estancamiento del rendimiento laboral boliviano responde a la falta de innovación y a un clima poco favorable para la inversión.
Este escenario explica la persistencia de los “trabajadores pobres”. En sectores de baja productividad, como la agricultura de subsistencia y la economía informal, trabajar más horas no garantiza ingresos suficientes. La teoría económica advierte que los aumentos salariales no son sostenibles sin mayor producción, pues pueden generar desempleo, inflación y menor inversión. En Bolivia, la productividad mensual estimada es de 308 dólares, muy por debajo del costo laboral mínimo de 565 dólares.
Finalmente, promover una cultura de productividad exige reglas claras, estabilidad macroeconómica y políticas que incentiven la inversión de largo plazo. Elevar la productividad y distribuir equitativamente los beneficios del crecimiento es fundamental para reducir la pobreza, fortalecer la formalidad y construir una economía más competitiva. Gobierno, trabajadores y empresarios deben asumir este reto como una prioridad nacional para el desarrollo sostenible de Bolivia.
Rolando Kempff Bacigalupo
es Licenciado en Economía por la UMSA. Doctorado Ph.D. en Relaciones Internacionales por la Univ. del Salvador (Argentina). Académico de número de la ABCE y presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP).
