La educación cívica y la educación política constituyen elementos esenciales para el fortalecimiento de toda sociedad democrática, ya que permiten comprender el funcionamiento tanto de la sociedad como del Estado. La educación cívica enseña normas, derechos e instituciones, mientras que la educación política permite entender los intereses y actores que influyen en las decisiones públicas, es decir, las relaciones en torno al poder.
Sin embargo, el sistema educativo tradicional ha priorizado casi exclusivamente la educación cívica, donde se enseña cómo funciona el Estado, cuáles son los derechos y deberes de las personas y cómo se organizan en la sociedad. Es una formación orientada a la convivencia democrática, pero centrada sobre todo en el marco institucional y normativo. Esto ha dejado de lado la educación política, indispensable para analizar relaciones de poder. Como consecuencia, los estudiantes conocen la teoría del funcionamiento social y estatal, pero no desarrollan herramientas para interpretar su realidad ni para cuestionar estructuras injustas que reproducen desigualdad.
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Comprender las formas de ejercicio del poder forma parte de una educación ciudadana más completa, porque permite identificar cuándo el poder deja de ser un espacio público y se convierte en un privilegio económico. La historia muestra que esas formas han sido diversas: democracia, monarquía, teocracia, aristocracia, tecnocracia. Dentro de esta relación sintética debe incluirse también la plutocracia, entendida como un tipo de gobierno en el que el poder político se basa en la riqueza, en la fortuna o el patrimonio. No importa la trayectoria pública ni la representación social, lo que define quién manda es el dinero.
La plutocracia se entiende como una forma directa de dominio de clase. No se trata solo de que los ricos participen en la política, sino de que la clase propietaria controla el Estado para proteger sus intereses; un ejemplo, de esta forma de gobernar, es la norma aprobada por el gobierno que anula los impuestos a las grandes fortunas. Así el poder económico se convierte automáticamente en poder político, porque quienes poseen los medios de producción influyen en leyes, instituciones y decisiones públicas que los favorecen.
En Bolivia, desde los inicios de la República, el acceso al gobierno estuvo restringido a quienes cumplían requisitos económicos y educativos. Para ser elector o autoridad se exigía patrimonio, oficio reconocido, saber leer y escribir y demostrar “buena conducta”. Esto excluía de las decisiones a la mayoría de la población porque las poblaciones indígenas no cumplían los requisitos de propiedad ni las exigencias educativas, y los sectores pobres de las ciudades carecían de los recursos necesarios o patrimonio. La democracia se limitaba a una minoría urbana y propietaria que definía el rumbo del país sin incluir a quienes sostenían la economía con su trabajo.
Hoy, en pleno siglo XXI, Bolivia vive una versión renovada pero relacionada con esa tradición. El gobierno adquiere cada vez más una fisonomía plutocrática al estar compuesto y asesorado, casi en su totalidad, por empresarios privados, grandes propietarios, millonarios, ejecutivos de altos ingresos, miembros de directorios empresariales, inversionistas extranjeros con influencia política, consultores financieros y tecnócratas formados en escuelas de negocios.
Esta plutocracia no intenta ocultarse. No se presenta como un proyecto popular o sustentado en los sectores sociales, sino como un gobierno dirigido por personas con altos patrimonios y asesorado por personas con grandes fortunas. El problema no es solo quién gobierna, sino qué tipo de país se construye cuando la riqueza se convierte en el principal criterio de autoridad. La historia muestra que las plutocracias siempre se autojustifican como necesarias, pero también que las sociedades terminan cuestionándolas porque generan desigualdad y exclusión. Bolivia enfrenta hoy ese debate, y es importante nombrarlo con precisión: no se trata de modernización o meritocracia, sino de plutocracia.
(*) Roberto Aguilar Gómez es docente investigador de la UMSA y exministro de Educación.
