La Defensoría del Pueblo expresó este domingo su preocupación por los hechos de violencia registrados en el municipio de San Julián, Santa Cruz, durante el operativo policial y militar ejecutado el sábado para desbloquear la carretera que conecta con el departamento del Beni. Además pidió una investigación sobre el presunto uso de armas de fuego y explosivos.
El sábado, durante un operativo para despejar la vía que conecta Santa Cruz con Beni, se registraron enfrentamientos entre las fuerzas del orden y comunarios de San Julián. Como resultado, varias personas resultaron heridas, tanto efectivos de la Policía Boliviana como pobladores de esa región, que mantienen movilizaciones exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La institución señaló que durante el operativo del sábado en Santa Cruz se evidenció la presencia de actores paraestatales y grupos de choque, así como el uso de armas de fuego y explosivos, hechos que, según dijo, deben ser investigados de manera objetiva y transparente por el Ministerio Público para establecer responsabilidades individuales.
“Esta situación debe ser objeto de investigación objetiva y transparente por el Ministerio Público, a fin de establecer responsabilidades individuales”, señala el pronunciamiento.
En esa línea, y en concordancia con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), la Defensoría advirtió que la conformación de grupos paraestatales o de choque en contextos de crisis es ilegal y representa un alto riesgo para la convivencia democrática.
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La institución instó a todos los actores involucrados a evitar una escalada de la violencia, priorizar soluciones pacíficas y garantizar la protección de la población civil, al tiempo que anunció que continuará realizando un monitoreo permanente de la situación en el marco de su mandato constitucional.
La Defensoría también señaló que, según la información verificada en terreno, durante la intervención se registraron 33 personas heridas, entre ellas 26 civiles y siete efectivos policiales.
Respecto a los civiles, la Defensoría informó que 24 presentaron heridas leves y moderadas, por lo que fueron dadas de alta, mientras que dos permanecieron internadas para ser sometidas a intervenciones quirúrgicas. Una de ellas sufrió una herida de bala.
En cuanto a los efectivos policiales, cuatro fueron atendidos por heridas provocadas por armas de fuego. Uno de los uniformados, que recibió un impacto en la cabeza, continúa internado en una unidad de terapia intensiva.
Recordó además que toda actuación estatal en escenarios de conflictividad social debe regirse por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, garantizando la protección de la vida y la integridad de las personas.
Asimismo, indicó que el derecho internacional protege el derecho a la protesta, pero no ampara actos de violencia extrema que pongan en riesgo la seguridad de la población o de las fuerzas del orden.
