Este jueves, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, negó que el país haya ingresado en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) debido a no tener una norma que establezca técnicas especiales de investigación contra el financiamiento al terrorismo y la legitimación de ganancias ilícitas.
Sin embargo, reconoció que existe aquella posibilidad, debido al accionar de ciertos asambleístas.
“Quienes no quisieron aprobar estas normativas, entre ellos muchos asambleístas, una coalición opositora, son los responsables de cualquier resultado, nos han puesto en riesgo a todo el país de entrar en un status no favorable al país en el resultado de GAFI”, afirmó en conferencia de prensa.
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Montenegro recordó que en 2021 el Gobierno impulso la Ley 1386, de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, y aunque ésta fue promulgada, tuvo que ser derogada, debido al “accionar político” de algunos actores.
“Quisieron hacer creer que estábamos en contra de los gremiales, de los pequeños comerciantes”, protestó la autoridad.
Recordó que hubo movilizaciones, paros, medidas de presión en cuatro departamentos, por lo que al final el país se quedó sin esa ley que es una exigencia en los estándares internacionales de GAFI.
Montenegro mostró varias publicaciones y artículos en los que actores de oposición, ahora precandidatos presidenciales, fustigan la Ley 1386 y exigen su anulación.
El ministro explicó que, para GAFI, la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo solo pueden ser investigados a través de técnicas “básicas de investigación” que deben figurar en una ley, no en un decreto supremo.
“Si en una norma en rango de ley no están incluidos todos estos aspectos de estas técnicas especiales en investigación en materia de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo, no es considerado el país en términos serios para esa lucha. Tiene que estar en una norma en rango de ley”, indicó.
Por ello, dijo que en caso de que el país entre en esa lista gris, el problema deberá ser subsanado en la próxima gestión legislativa.
“Eso tendrá que ser en el próximo proceso legislativo, porque vemos que la actual Asamblea no ha tenido la voluntad, en más de cuatro años, de tener una norma para el país que la blinde”, protestó.
Montenegro recordó que el país ingresó en la lista gris en 2011, en ese entonces debido a la falta de avances «entre 2001 y 2006» contra el financiamiento al terrorismo, en un conxto de incertidumbre global. En 2013 el país logró salir de la lista.
