El diputado de Unidad Carlos Alarcón afirmó este viernes que el diálogo entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) no debe convertirse en una rendición del Ejecutivo ante los sectores movilizados y advirtió que un eventual acuerdo no puede garantizar impunidad para los responsables de los bloqueos que afectan al país.
“El remedio no puede resultar peor que la enfermedad”, señaló el legislador en sus redes sociales.
Cuestionó cualquier salida negociada que implique concesiones a dirigentes y organizaciones que impulsaron las medidas de presión.
Alarcón aseguró que los responsables de los bloqueos deben enfrentar procesos penales y asumir la reparación de los daños económicos ocasionados a la población y al Estado. También rechazó la posibilidad de que organizaciones como la COB y la Federación Túpac Katari adquieran capacidad de decisión sobre leyes, decretos y políticas públicas.
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“El Presidente y sus ministros no pueden convertirse en el poder formal, meros adornos decorativos, de las intenciones y deseos de estos grupos de dictadores sindicales y políticos”, afirmó.
El Gobierno mantiene conversaciones con la COB para intentar desactivar una crisis que se prolonga por más de 50 días y que ha provocado bloqueos de carreteras, desabastecimiento de combustibles y alimentos y millonarias pérdidas económicas.
El Ejecutivo evitó hasta ahora una intervención militar de gran escala, aunque la conflictividad persiste en varias regiones del país.
El legislador también pidió que el Gobierno no renuncie al uso de los mecanismos legales para garantizar el orden público y exigió acelerar el tratamiento de la Ley Antibloqueos, una iniciativa que él mismo presentó en diciembre de 2025 y que plantea tipificar los bloqueos como delito con penas de hasta 20 años de prisión en los casos más graves.
Asimismo, defendió la reciente Ley de Estados de Excepción y argumentó que el Estado debe preservar la seguridad y la libre circulación frente a hechos de violencia. Para Alarcón, cualquier acuerdo con la COB debe evitar que la delincuencia organizada y los grupos que “financian los bloqueos actúen con impunidad”.
