En una plaza del altiplano de Bolivia, una piedra impacta en un estrado: cientos de campesinos aimaras de poncho rojo pierden la paciencia y exigen a sus líderes endurecer las protestas que buscan la salida del presidente centroderechista Rodrigo Paz.
«¡Que renuncie, carajo!», clama la multitud, que mezcla el aimara con el español en el pequeño poblado de Tilata, al suroeste de La Paz.
«Queremos que se vaya. No queremos que gobierne él (…). No vamos a dejar de bloquear hasta que se vaya este gobierno incapaz», dice a la AFP Lidia Callisaya, dirigente campesina de 42 años, bajo un sol intenso a 3.950 metros de altura.
Para llegar aquí, los vehículos ondean como salvoconducto una wiphala, la bandera de los pueblos andinos, para sortear los bloqueos de carreteras armados con piedras, troncos y escombros, en una protesta que lleva más de 40 días.
En la provincia de Ingavi, donde se ubica el poblado, se registran algunas de las tomas de vías más críticas, que impiden el abastecimiento de alimentos, medicinas y combustibles en las principales ciudades del país de 11 millones de habitantes.
«Vamos a radicalizar los puntos de bloqueo. ¡No entra ni sale un producto! Nosotros hacemos comer a la ciudad», dice un dirigente en el escenario, ahora celebrado por los agricultores.
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Aunque los campesinos organizan la mayoría de los cortes de ruta, obreros, mineros, transportistas y maestros también se han sumado a protestas callejeras para rechazar el giro neoliberal de Rodrigo Paz, que en noviembre puso fin a 20 años de gobiernos socialistas de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).
También reclaman una salida a la peor crisis económica del país en cuatro décadas.
«Siempre hemos luchado»
El cabildo, como llaman a la reunión al aire libre, es resguardado por decenas de indígenas con las mejillas abultadas por las hojas de coca que mascan. Cargan sus látigos en bandolera y sus sombreros llevan papeles que dicen «Policía sindical».
Este cabildo es solo uno de los 20 que se tienen que hacer por cada provincia de La Paz, antes de que el sindicato departamental tome una decisión final sobre el rumbo de la protesta.
Pero la tendencia por ahora es firme: piden intensificar los bloqueos y no aceptar los llamados al diálogo de Rodrigo Paz.
«El gobierno está buscando cansarnos. Ha habido una respuesta (a las demandas de los campesinos), pero son puras promesas en las que la gente no cree», dice a la AFP Vicente Salazar, el máximo directivo de todos los campesinos indígenas de La Paz.
«El pueblo se ha levantado y ha pedido, en ultimátum, la renuncia del presidente», agrega.
Aunque en las últimas dos semanas los puntos de bloqueo cayeron de un centenar a unos 50 en todo el país, según la estatal Administradora Boliviana de Carreteras, la escasez persiste en las ciudades.
En La Paz, sede del gobierno, y en El Alto, muchos alimentos duplicaron sus precios, el oxígeno escasea en los hospitales y los conductores duermen en sus vehículos a la espera de cargar combustible.
En las pistas de Ingavi, hasta la frontera con Perú, los campesinos permanecen desde hace semanas en campamentos.
La gestión de Paz denuncia que quienes piden su renuncia son «narcoterroristas», a los que vincula con el exmandatario Evo Morales, prófugo por un caso de presunta trata de una menor, cargo que él rechaza.
«Como indígenas, mujeres de pollera, somos perseguidos por el gobierno (…). Nos dijeron vándalos, terroristas», reclama Marlen Quiroga, abogada y dirigente campesina de 43 años que viste una pollera verde, la falda tradicional andina.
«No somos evistas (partidarios de Evo Morales, ndlr), somos indígenas. Desde nuestros ancestros, siempre hemos luchado», dice Quiroga.
