La Comisión Nacional del Refugiado (Conare) aprobó su Plan de Actividades 2026, con el que el Gobierno pretende fortalecer la respuesta institucional frente al aumento de los desplazamientos forzados y mejorar la atención a personas refugiadas y solicitantes de esa condición en Bolivia.
Según un comunicado de la Cancillería, el plan prevé “fortalecer las capacidades institucionales del Estado para la protección de personas refugiadas y solicitantes de dicha condición” y es parte de los esfuerzos para consolidar una respuesta “más eficiente, especializada y articulada” en materia de protección internacional.
“El Plan de Actividades 2026 contempla acciones destinadas a modernizar los sistemas de registro y gestión de casos, implementar protocolos estandarizados de actuación, fortalecer la coordinación interinstitucional y promover la capacitación especializada de servidores públicos en materia de protección internacional”, dice la nota de prensa.
La Cancillería señaló que estas medidas permitirán optimizar los procedimientos de determinación de la condición de refugiado, fortalecer las capacidades técnicas de las instituciones competentes y “garantizar una atención acorde con los estándares nacionales e internacionales de protección”.
Pues, en el país, se ha registrado un incremento de los movimientos migratorios y de las solicitudes de protección internacional. Organismos internacionales han advertido que América Latina enfrenta mayores desafíos para atender a personas que abandonan sus países por conflictos, persecuciones, crisis políticas o situaciones de violencia.
En ese escenario, el Gobierno afirmó que el objetivo es “consolidar una institucionalidad sólida y preparada frente a los desafíos contemporáneos asociados a los movimientos de población y a las necesidades de protección internacional”. Asimismo, aseguró que, a través de la Conare Bolivia “reafirma su compromiso con la protección de los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de dicha condición”.
