Los exprovinciales jesuitas Marcos Recolons de Arquer y Ramón Alaix Busquets, declarados culpables como autores del delito de encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por el también jesuita Alfonso Pedrajas Moreno, interpusieron un recurso de casación para evitar que su sentencia quede ejecutoriada.
La Sala Penal Tercera dispuso que se remita el legajo procesal ante el Tribunal Supremo de Justicia, en Sucre.
Anteriormente, los sentenciados habían presentado apelación restringida e incidental, la cual fue rechazada por el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que confirmó la condena establecida en septiembre de 2025.
El argumento de la defensa de los jesuitas señala que se trata de una “sentencia injusta”, y el recurso de casación se dirimirá en la máxima instancia judicial, siendo el Tribunal Supremo de Justicia el órgano competente.
“Cada recurso dilatorio que interponen obstaculiza el proceso. Abre nuevamente las heridas y no las deja sanar. Es totalmente inmoral y revictimizante”, señaló el presidente de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, Wilder Flores.
PROTESTA
Observó que, una vez más, los exprovinciales pretendan burlar a la justicia, “seguramente esperanzados en su poder e influencia en Sucre, porque uno de los violadores Jesuitas, Antonio Gausset Capdevila, fue Capellán de la Corte Suprema de Justicia”, agregó Flores.
“Realmente, ¿son los jesuitas portadores de la palabra de Dios? ¿O simples defensores de su institución, de su estatus de poder e inmerecido prestigio en la sociedad? Ya parecen los fariseos que crucificaron a Jesús por proteger sus privilegios” cuestionó, a su turno, Pedro Lima, vocero de esa organización.
“¿Hasta cuándo esperar que se haga justicia? ¿Quieren que nos cansemos, nos desanimemos o que el proceso se trunque por la muerte de los acusados? ¿Acaso ellos no buscan justicia? Es una burla al dolor de centenares de víctimas y al pueblo de Bolivia”, protestó otra víctima de pederastia clerical.
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Los exprovinciales Recolons y Alaix fueron sentenciados a un año de privación de libertad y reparación de daños. Ambos sacerdotes deberán pagar costas al Estado y asumir la reparación civil total en favor de las víctimas una vez que el fallo quede ejecutoriado.
