La reciente promulgación de la Ley 1741 abrió un debate jurídico sobre los límites de la investigación penal y la protección de derechos fundamentales en Bolivia.
El abogado constitucionalista Felipe Cordero considera que la norma no incorpora nuevos delitos, pero amplía mecanismos de investigación que podrían generar controversias constitucionales.
Ley 1741
Según explicó, la ley modifica los artículos 282 y 283 del Código de Procedimiento Penal, referidos al agente encubierto y a la entrega vigilada. Estas herramientas ya existían en la legislación boliviana para investigaciones relacionadas con sustancias controladas, pero ahora abarcan delitos vinculados al financiamiento del terrorismo y la legitimación de ganancias ilícitas.
Cordero sostuvo que el principal problema radica en la amplitud de algunos conceptos incorporados por la norma. “Lo más peligroso es poner el paraguas del terrorismo”, afirmó en entrevista con Piedra, Papel y Tinta.
Asimismo, señaló que la legislación no establece con claridad los alcances de los denominados “delitos vinculados”.
Privacidad
El jurista explicó que la figura del agente encubierto permite a un investigador infiltrarse en entornos donde operan organizaciones criminales para obtener información.
Asimismo, la entrega vigilada posibilita seguir el recorrido de dinero o bienes presuntamente vinculados a actividades ilícitas con el objetivo de identificar a los destinatarios finales.
Sin embargo, advirtió que la ampliación de estas facultades puede generar riesgos para la privacidad de personas que no estén involucradas en actividades delictivas.
Protección de datos
“Podemos involucrar a personas que no tienen nada que ver en lo absoluto y podemos involucrarlas en temas muy delicados”, señaló.
Otro aspecto observado por el constitucionalista es la ausencia de una ley específica de protección de datos personales en Bolivia.
A su juicio, esa carencia dificulta garantizar la custodia, rectificación o eliminación de información obtenida durante investigaciones. “En Bolivia no existe una ley de protección de datos que pueda garantizarnos quién tiene esos datos, si podemos rectificarlos, si podemos eliminarlos”, afirmó.
Felipe Cordero
Cordero también cuestionó la falta de socialización previa de la norma y recordó que el proyecto tuvo origen durante la gestión de Luis Arce antes de ser retomado este año. “Realmente, lo que se debe decir es que jurídicamente en Bolivia no ha habido una socialización de esta norma”, sostuvo.
Finalmente, señaló que la constitucionalidad de la ley podría ser revisada mediante una acción de inconstitucionalidad si algún ciudadano considera que sus derechos fueron afectados por la aplicación de la nueva normativa.
