La Defensoría del Pueblo, en coordinación con la Unidad de Capacitación del Viceministerio de Defensa Civil, elaboró acciones estratégicas para la prevención de incendios, en el marco de la protección de la Madre Tierra y los derechos ambientales.
El encuentro se desarrolló con el objetivo de formular acciones orientadas al cumplimiento de la Resolución Constitucional (RC) 233/2024, relacionada con la gestión de riesgos y la prevención de incendios forestales en el país.
La delegada defensorial adjunta para el Análisis y Defensa de Derechos Humanos y Madre Tierra, Elizabeth Morató, explicó que como resultado de la reunión se formularon dos tipos de apoyo: uno a nivel departamental y otro a nivel municipal.
“Como resultado de esta alianza estratégica se definieron dos líneas de acción que serán implementadas a nivel departamental y municipal. La primera consiste en una capacitación virtual integral con enfoque de acceso. Mientras que la segunda está relacionada con el fortalecimiento operativo y la protección de poblaciones en situación de vulnerabilidad”, informó Morató.
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La representante detalló que las capacitaciones estarán a cargo del Viceministerio de Defensa Civil y se desarrollarán de manera virtual. En ellas se abordarán los procedimientos de atención de Defensa Civil y los lineamientos establecidos en la Ley N° 602 de Gestión de Riesgos. Además de la elaboración o compatibilización de los Planes de Emergencia y Contingencia, en el marco del cumplimiento del Acuerdo de Escazú.
Asimismo, enfatizó que esta acción estará enfocada en la protección de poblaciones vulnerables, tomando en cuenta la incidencia de fenómenos climáticos como El Niño.
“Las capacitaciones contarán con un enfoque prioritario en la protección de poblaciones altamente vulnerables, como niñas, niños y adultos mayores. Especialmente ante la actual incidencia del fenómeno de El Niño”, afirmó.
Capacitaciones
El proceso de capacitación se desarrollará en junio mediante jornadas virtuales dirigidas al personal técnico de las gobernaciones de Santa Cruz, Beni y Pando. Priorizando a 12 municipios cruceños considerados críticos y que fueron incluidos en la RC 233/2024.
Asimismo, las instituciones exhortaron a los gobiernos municipales a analizar la rotación del personal técnico de sus Unidades de Gestión de Riesgos (UGR), debido a que esta situación podría repercutir negativamente en una respuesta oportuna ante cualquier emergencia o situación de riesgo.
