El conflicto político y social que atraviesa el Estado Plurinacional de Bolivia desde hace 40 días tiende a agravarse. Lejos de encontrar respuestas, la sociedad enfrenta una acumulación de demandas desatendidas.
Entre ellas destacan las promesas electorales incumplidas; el rechazo al Decreto 5503, que eliminaba la subvención a los carburantes, pero impulsaba la privatización de recursos naturales; el impacto del alza en los combustibles y la distribución de la “gasolina basura”; el silencio frente al caso de las 32 maletas; los pliegos sectoriales ignorados y la fallida Ley 1720.
Esta lista parcial resume un conjunto de hechos que explican parte del descontento social, pero que han quedado relegados en medio del conflicto político. Las causas desaparecen del debate público y son reemplazadas por discursos oficiales sustentados en argumentos, que no solucionan nada y, por el contrario, los profundizan. Vuelven a visibilizarse expresiones de racismo y discriminación, como parte de la conflictividad.
El aparato estatal se vuelve permisivo en la siembra de mentiras para que germinen como verdades a través de las redes y plataformas, que se nutren de la desesperación de quienes quieren saber la verdad y de quienes quieren hacerla desaparecer.
En el derecho se usa una frase como si fuera un principio: “descubrir la verdad histórica de los hechos”. Este enunciado es utilizado por autoridades, funcionarios judiciales y jefes policiales para mostrar ante la sociedad que existe la convicción de descubrir la “verdad” y así sancionar a los responsables.
En la práctica, ese principio se distorsiona cuando la sospecha reemplaza a la evidencia y el prejuicio sustituye al razonamiento. Ocurre, por ejemplo, cuando una autoridad policial detiene o revisa las pertenencias de una persona en la calle por el solo hecho de llevar pollera, aguayo, sombrero, ojotas, mochila o las manos encallecidas por el trabajo en el campo. Allí, la “verdad histórica de los hechos” deja de ser un principio y se convierte en un ritual dirigido a escarmentar.
Los dramáticos acontecimientos vividos en San Julián llenaron de videos los medios de comunicación y las redes sociales; varios mostraban a civiles delante de la policía distribuyendo objetos para «bazuquear». En los medios de comunicación, las noticias fueron presentadas de diversas maneras: unos invisibilizaron las escenas; otros explicaban que vecinos cansados de los bloqueos asumieron acciones; pocos difundieron la declaración y la escena donde el representante de las juventudes cruceñistas (en el lugar de los hechos) era increpado y empujado con gritos para que «vaya al frente”. ¿Cuál, entonces, es la «verdad histórica de los hechos»?
En la crisis actual, las hipótesis -policiales y judiciales- no se construyen a partir de evidencias, sino de sospechas; no se formulan para ser verificadas, sino para justificar decisiones previamente tomadas. Se prejuzga al detenido antes de conocer los hechos, o incluso se decide quién debe ser detenido antes de que exista un hecho que investigar. Así, el principio de la «verdad histórica de los hechos» y los «criterios de verdad» son reemplazados por un objetivo político predeterminado por el poder, que define qué debe ser considerado verdad y qué mentira debe ser validada.
La verdad, en este escenario, deja de ser un bien común y pasa a ser algo que el poder se apropia. No prevalece lo que realmente ocurrió, sino aquello que los actores con recursos logran imponer mediante relatos amplificados con dinero, con medios de comunicación que deciden qué mostrar y con redes donde los algoritmos premian lo falso.
Así, la verdad se convierte en un territorio dominado por la repetición y la manipulación, y esa apropiación termina negando incluso el derecho constitucional a acceder a información veraz. Ese vacío abre un nuevo campo de lucha y resistencia por conocer la verdad, frente a quienes buscan imponer una versión manipulada de la realidad.
Cuando la verdad se fragmenta en mil pedazos, la sociedad pierde la posibilidad de reconocerse en un mismo espejo y los hechos se vuelven manipulables, hasta que la mentira se vuelve creíble. En ese punto, ya no se trata solo de una crisis política: es una crisis de comprensión de la realidad. Y un país que pierde la verdad como referencia pierde también la capacidad de educar con pensamiento crítico, de dialogar democráticamente y de imaginar un futuro con justicia social.
