El viernes 5, empezaron desbloqueos y retomas de instalaciones ocupadas por efectivos militares y de la policía. No es que el mecanismo de los diálogos —empezados por la Vicepresidencia, con la presencia del Gobierno Nacional y con la moderación guiada de Monseñor Arana, Obispo de El Alto y secretario general de la Conferencia Episcopal— haya sido desechado: en realidad ha sido incrementado y complementado dentro de las prerrogativas del marco constitucional.
Treinta seis días de bloqueos y protestas, donde fuerzas violentas cuyo objetivo no eran reivindicaciones sociales —a ser atendidas— sino camufladas en algunas de éstas para buscar un objetivo exclusivamente político y antidemocrático: revertir la voluntad popular del casi 87 % de los bolivianos que votaron en primera vuelta el año pasado con un claro mandato de cambiar el ritmo político del país.
Fuerzas violentas que olvidaron que los derechos humanos de la gran mayoría de los bolivianos —los que votaron por el cambio y muchos de los que no lo votaron— serían violentados con esas protestas y los bloqueos inmisericordes.
Derechos humanos a la alimentación, al estudio, al libre tránsito, ¡a la vida! de quienes murieron o no pudieron ser atendidos por la tozudez pagada por los cárteles del narcotráfico a través de líderes escudados en falsos discursos de reivindicaciones que, cuando ejercían el Poder, nunca cumplieron o las maquillaron.
Aplicando la justicia y las leyes, con el amparo de la que reglamenta los Estados de Excepción y bajo el respeto a la vida y la integridad de quienes bloquean —lo que éstos han desechado observar en todos estos días—, el Estado ha intervenido desde su ejercicio del monopolio legítimo del uso de la fuerza que le depara la Constitución de 2009, la misma que Evo y el MAS con sus asesores españoles hicieron aprobar para después, en 2016, en 2019, en 2025 y ahora violarla continuadamente.
Estos días son graves escaseces para gran parte de la población boliviana También han sido días donde el racismo sea manifestado con violencia: el mismo racismo que el indianismo con Fausto Reinaga y el katarismo radical —y García Linera en su rocambolesca posición indianista y burgués— aplicaron contra todo boliviano al que no consideraran “raza original”, un pensamiento tan supremacista que el nazismo alemán buscó su acercamiento y apoyo, antes de la guerra con intelectuales como Velasco Mairana e incluso con De Mahieu después de la guerra y, más contemporáneo, no está lejos tampoco del ideario del fracasado Runasur.
Hoy, sin nazis (al menos visibles), los cárteles del narcotráfico han aprovechado para copar los espacios de Poder y comprar las voluntades de muchos, desclasados inútiles sociales como lumpen proletarios que denominó Marx. La necesidad de mantener vigente su negocio a como dé lugar hace que los cárteles fortalezcan su apoyo para el regreso de sus testaferros, como desde décadas antes les apoyaron a surgir y abanderarse escondidos tras justos reclamos sociales que les sirvieron de escalón para el Poder.
La aplicación conjunta del diálogo escuchando quienes quieren discutir sus reclamos y la mesurada de la fuerza legítima del Estado contra quienes sólo buscan subvertir el régimen democrático mediante formas violentas e incluso terroristas, es el camino iniciado que, sin excesos, llevará a avanzar en las aspiraciones de los bolivianos que votaron en julio y en octubre por cambios.
Pero pacificar el país y dialogar es sólo el inicio. Después de ello tiene que retomarse el camino de reformas profundas (economía, justicia, autonomías, derechos) que lentamente se inició a final del pasado año y, para ello, unir a todas las fuerzas democráticas y oír a todos: sociedad civil, gobiernos subnacionales, ciudadanos de a pie.
En fin de cuentas: gobernar como el país pidió.
