El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, exhortó este martes a los familiares de los bolivianos presuntamente reclutados para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania a presentar las denuncias formales ante la Policía Boliviana o el Ministerio Público.
El objetivo es fortalecer las investigaciones sobre una posible red de trata y tráfico de personas.
La autoridad informó que la Fiscalía Especializada en Trata y Tráfico de Personas ya activó las investigaciones y puso en marcha mecanismos de cooperación internacional para esclarecer las circunstancias en las que los ciudadanos bolivianos viajaron a territorio ruso.
Víctimas
«Tenemos la Fiscalía Especializada de Trata y Tráfico de Personas que ya está activada», afirmó Mariaca.
Añadió que el Ministerio Público inició gestiones con autoridades de otros países para obtener información que permita avanzar en el proceso.
«Hemos realizado algunas cooperaciones internacionales, cumpliendo con el procedimiento y vamos a esperar la respuesta», señaló.
El Fiscal General explicó que las pesquisas se desarrollan de manera paralela a las solicitudes de asistencia presentadas por los familiares de los afectados y pidió evitar especulaciones mientras continúan las diligencias.
Reclutamiento
«Paralelamente ya hay una investigación. Por favor tengan paciencia. Con el fiscal que lleva adelante la investigación se va a informar en su momento», sostuvo.
El caso cobró relevancia después de que la Cancillería informara que al menos 16 ciudadanos bolivianos permanecen en Rusia tras haber sido captados, presuntamente, mediante ofertas laborales y promesas de elevados ingresos económicos.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, los familiares denunciaron que los connacionales fueron contactados por intermediarios y terminaron vinculados al conflicto armado entre Rusia y Ucrania.
Denuncia
La Cancillería también informó que activó los mecanismos de asistencia consular a través de la Embajada de Bolivia en Rusia y explicó que las primeras gestiones se realizaron bajo reserva, a pedido de las familias, por temor a que la difusión pública del caso pusiera en riesgo a los ciudadanos que permanecen en ese país.
De acuerdo con la información oficial, los bolivianos habrían firmado contratos tras recibir ofertas de empleo, salarios elevados e incluso la posibilidad de acceder a la nacionalidad rusa. Sin embargo, las denuncias indican que esas promesas derivaron en su incorporación a escenarios relacionados con la guerra.
Acciones
El Ministerio Público busca determinar si detrás de estos hechos operó una organización dedicada a captar ciudadanos mediante engaños, lo que podría configurar delitos vinculados a la trata y tráfico de personas.
Mientras tanto, la Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones y espera la información solicitada mediante los canales de cooperación internacional para establecer eventuales responsabilidades.
