La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) expresó su preocupación por la situación que enfrenta la Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (Soboce) y exhortó al Estado a resolver el pago pendiente derivado de la expropiación de su participación accionaria en la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa), al considerar que el caso tiene implicaciones para el clima de inversión en el país.
A través de un comunicado, la entidad recordó que mediante el Decreto Supremo N.º 0616, promulgado el 1 de septiembre de 2010, el Gobierno dispuso la expropiación de las acciones que Soboce mantenía en Fancesa. Sin embargo, señaló que, pese al tiempo transcurrido, la obligación de pago establecida en esa norma aún permanece pendiente.
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Soboce
Para Cainco, la controversia supera el ámbito de las partes involucradas y se convierte en un asunto de interés para la economía boliviana, debido a las señales que envía sobre el respeto a los derechos de propiedad y el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado.
En ese contexto, la organización empresarial hizo un llamado a las autoridades competentes para que impulsen las acciones necesarias que permitan una solución definitiva al caso, en el marco de la legalidad y del Estado de Derecho.
«La seguridad jurídica, la confianza en las instituciones y el cumplimiento oportuno de las obligaciones asumidas por el Estado son condiciones esenciales para la inversión, el desarrollo productivo y la generación de empleo», señaló la institución.
Cainco sostuvo que brindar certidumbre jurídica resulta fundamental para atraer nuevas inversiones, favorecer la expansión del sector privado y fortalecer el crecimiento económico. En ese sentido, remarcó que la resolución de conflictos vinculados con derechos patrimoniales constituye un elemento relevante para mejorar la confianza de los inversionistas y consolidar un entorno de negocios más previsible.
El pronunciamiento se suma a los reiterados pedidos del sector empresarial para reforzar la seguridad jurídica y generar condiciones que incentiven la inversión privada como uno de los motores de la recuperación económica del país.
