El Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización (VIODyD) activó una coordinación interinstitucional con las Defensorías de la Niñez y Adolescencia de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz, tras conocerse un presunto caso de explotación infantil en el pueblo indígena ayoreo.
El caso salió a la luz tras la muerte de una bebé de seis meses, presuntamente en manos de una pareja que utilizaba a la menor para actividades de mendicidad forzada en Cochabamba. Según el informe preliminar, la madre habría entregado a la niña por Bs 150 y la promesa de recibir Bs 50 por cada día que la bebé permaneciera con la pareja.
La medida está orientada a realizar el seguimiento del caso y coadyuvar en las investigaciones.
Por instrucción de la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Jessica Echeverría, la Unidad de Niñez y Sistema Penal para Adolescentes estableció contacto con las instancias competentes de los tres departamentos.
Asimismo, se estableció contacto con representantes de la comunidad ayorea, quienes expresaron su preocupación por la situación y manifestaron su disposición de colaborar para resguardar a la niñez de su pueblo.
Medida
Como resultado de las primeras acciones de coordinación, se identificó a cuatro niñas, niños y adolescentes, de entre 9 y 13 años, quienes actualmente se encuentran bajo medidas de protección dispuestas por las autoridades competentes.
Las personas que estaban a cargo de los menores fueron puestas a disposición de la autoridad judicial, que determinó su detención preventiva mientras continúan las investigaciones.
En la ciudad de La Paz también se identificó a una mujer que se encontraba con dos niñas y niños en circunstancias que requerían una intervención inmediata.
Asimismo, el Viceministerio exhortó a la población a permitir que las investigaciones se desarrollen conforme al debido proceso, evitando la difusión de información que genere estigmatización hacia los pueblos y comunidades indígenas.
Con estas acciones, la entidad estatal reafirma su compromiso de garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes en situación de mayor vulnerabilidad, priorizando el respeto irrestricto de sus derechos.
