El Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua informó sobre la detección de presuntas irregularidades en tres entidades estatales bajo su dependencia: la Empresa Pública Productiva Cartonbol, la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA) y el Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP).
La cartera de Estado señaló que se lograron hallazgos mediante acciones de fiscalización y control interno, en el marco de una política de transparencia que impulsa el Gobierno, con el objetivo de evitar hechos irregulares y proteger los recursos públicos.
Cartonbol
El primer caso corresponde a la planta de Cartonbol en Oruro, donde un ciudadano identificado como Wilson C. H habría ingresado a instalaciones de la empresa al señalar que representaba a un diputado nacional y solicitó Bs 2.000.
Según el informe oficial, el pedido se realizó bajo el argumento de financiar acciones para “pacificar” a bloqueadores y comunarios de la zona, además de afirmar que contaba con respaldo de autoridades y del Gerente Técnico de la empresa.
Tras realizar verificaciones, Cartonbol estableció que dichas autoridades no tenían conocimiento del hecho. Ante ello, activó sus protocolos de seguridad con apoyo del personal policial de la planta, logrando la retención preventiva del individuo, quien posteriormente fue aprehendido por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
El caso continúa en investigación por el presunto delito de concusión.
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OAP
Otro de los hechos se registró en el Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP), donde se identificó que siete funcionarios presuntamente realizaban aportes equivalentes al 30% de sus salarios a favor de un dirigente de una organización social de la Comunidad Chichas.
De acuerdo con la información que proporcionó el Ministerio, los pagos se habrían efectuado bajo el argumento de que los funcionarios ingresaron a la institución por recomendación de dicha autoridad.
Tras conocer el caso, los siete trabajadores fueron desvinculados por faltas consideradas graves al Reglamento Interno de Personal y por contravenir la Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario Público.
El ministro Oscar Mario Justiniano afirmó que dentro de la institución no se solicitan aportes de ningún tipo y remarcó que la prioridad debe ser el trabajo y el desempeño de los servidores públicos.
EBA
El tercer caso corresponde a la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA), donde se detectaron presuntas irregularidades en la adquisición de bobinas para leche destinadas a las plantas procesadoras de Achacachi, San Andrés y Challapata.
Según el reporte, funcionarios habrían omitido procedimientos establecidos en el Decreto Supremo Nº 181 y gestionado la compra de insumos mediante cinco Fondos en Avance por un monto total de Bs 1.225.100 a favor de un único proveedor.
Los recursos se distribuyeron mediante cuentas SIGEP de cinco funcionarios involucrados en el proceso.
Ante estas observaciones, se dispuso la destitución de responsables de distintas áreas, incluyendo la Gerencia Ejecutiva de EBA, además de funcionarios de las áreas Financiera, Producción, Legal y unidades relacionadas con la operación.
Para la reorganización de la empresa se designó Mónica Roca como nueva Gerente Ejecutiva de EBA, quien conformó un nuevo equipo gerencial. El caso se someterá a auditoría e investigación.
‘Cero tolerancia’
El ministro Justiniano aseguró que el Gobierno aplicará una política de cero tolerancia ante cualquier acto que implique cobros indebidos, incumplimiento de normas de contratación o uso irregular de recursos públicos.
“No se puede estafar al pueblo boliviano. Nadie va a lucrar acá un peso tratando de generar actos de corrupción”, afirmó.
La autoridad señaló que las medidas apuntan a fortalecer el control institucional y garantizar una administración transparente en las entidades estatales.
