El ministro de Economía y Finanzas Públicas afirmó que el Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2026 enfrenta restricciones fiscales, por lo que cualquier incremento de recursos para un órgano del Estado deberá evaluarse en función de su impacto sobre otras áreas prioritarias, como salud, educación e infraestructura.
La autoridad explicó que el margen de maniobra del Gobierno es limitado debido a la escasez de recursos públicos, situación que, según sostuvo, responde al deterioro de las finanzas heredado de la anterior administración.
«Hoy el presupuesto tiene una restricción muy grande y los recursos disponibles son muy escasos. Cualquier modificación presupuestaria implica reasignar recursos que actualmente están destinados a sectores fundamentales», señaló.
En ese contexto, indicó que las solicitudes de mayores asignaciones presupuestarias deben estar debidamente fundamentadas y acompañadas de una explicación sobre el destino de los recursos.
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Presupuesto
«Si se requiere más presupuesto, es necesario explicar para qué y cómo se utilizará. Son recursos públicos y existe la obligación de rendir cuentas sobre su uso», manifestó.
El ministro sostuvo que ese principio de transparencia no solo corresponde al Órgano Ejecutivo, sino también a los demás órganos del Estado. Recordó que el Gobierno debe justificar ante la población la asignación de recursos destinados a políticas públicas, como la contratación de maestros. También la inversión en salud o el desarrollo de infraestructura, criterio que, afirmó, también debe aplicarse al resto de las instituciones estatales.
Las declaraciones se producen en medio del debate sobre el Presupuesto Reformulado 2026 y de las demandas de distintos sectores por una mayor asignación de recursos públicos. El Gobierno reiteró que cualquier ajuste deberá realizarse bajo criterios de sostenibilidad fiscal y priorización del gasto. Considerando el limitado espacio presupuestario con el que cuenta el Estado.
