Bolivia vuelve a mirar su propio rostro en el espejo más duro: el de la crisis. No es un espejo limpio. Este está empañado por el hambre, por los bloqueos, por las filas, por los caminos cerrados, por las familias que viven del ingreso diario y por una pregunta que ningún decreto puede borrar: ¿cuánto vale realmente la vida de un boliviano cuando la política decide negociar sobre sus muertos?
La declaración de un estado de excepción no puede entenderse como un simple acto administrativo. Es una medida extrema. Implica que el Estado asume facultades extraordinarias para enfrentar una situación que considera grave, pero también exige límites claros: necesidad, proporcionalidad, temporalidad y control democrático. El orden público importa, pero el orden sin derechos puede convertirse en miedo; y el miedo, cuando se administra desde el poder, deja de ser solución y se vuelve costumbre.
Derechos y obligaciones
Nadie puede negar que el Estado tiene la obligación de liberar las calles y los caminos cuando una sociedad queda asfixiada. Ningún país puede vivir bajo el chantaje permanente del bloqueo, el desabastecimiento y la paralización de la vida cotidiana. La protesta es un derecho, pero ningún derecho puede transformarse en permiso para condenar al hambre a quienes solo quieren trabajar, vender, estudiar, curarse o llevar pan a sus hijos. El ciudadano que no bloquea también tiene derechos. El enfermo que necesita llegar a un hospital también tiene derechos. El comerciante que perdió semanas de ingreso también tiene derechos.
Pero la gran pregunta no es solo si el decreto es legal. La pregunta más profunda es si será justo, eficaz y controlado. ¿Servirá para devolver seguridad jurídica o quedará como otra hoja solemne en el archivo del legislador? ¿Será una herramienta real para restablecer la convivencia o una demostración de fuerza en un país donde las instituciones llegan tarde, cansadas y sin credibilidad?
Bolivia no necesita únicamente caminos abiertos. Necesita respuestas. ¿Quién pagará el daño económico sufrido por La Paz y por las demás ciudades golpeadas por el conflicto? ¿Quién responderá por los mercados vacíos, por el transporte paralizado, por las ventas perdidas, por los productos que no llegaron, por los pequeños negocios que no tienen espalda para resistir una crisis prolongada? En Bolivia, cuando se bloquea una carretera, no solo se corta el tránsito: se corta el día de trabajo de miles de personas.
La deuda fatal
Pero hay una deuda más grave que la económica: la deuda con los muertos.
¿Qué pasará con las vidas perdidas? ¿Quién investigará con seriedad lo ocurrido? ¿Quién realizará las pericias necesarias y establecerá responsabilidades? Si hubo violencia, negligencia, abuso, enfrentamiento o abandono, el Estado no puede contentarse con comunicados, versiones convenientes o silencios permanentes. La muerte de un boliviano no puede convertirse en una cifra confusa dentro de una crisis política. No puede haber muertos útiles y muertos incómodos. No puede haber dolor legítimo cuando sirve al discurso y dolor olvidado cuando estorba al acuerdo.
Esa es la dimensión más cruel del problema: la política boliviana ha aprendido demasiadas veces a administrar el duelo. Primero usa el dolor como bandera, luego lo convierte en presión, después lo lleva a una mesa de negociación y, finalmente, lo deja atrás cuando el pacto ya fue firmado. La sangre sirve mientras moviliza; estorba cuando exige justicia.
¿Puede una tregua superar una muerte? ¿Puede un apretón de manos cerrar una herida? ¿Es posible que un dirigente levante bloqueos a cambio de inmunidad, favores o eliminación de procesos? ¿Puede un gobierno hablar de pacificación si antes no garantiza verdad? Estas preguntas incomodan porque tocan una vieja costumbre nacional: negociar arriba el sufrimiento que se produce abajo.
Conflictividad
La tragedia boliviana no está solamente en el conflicto. Toda democracia tiene conflicto. Una sociedad viva discute, reclama y se organiza. La tragedia está en que casi nunca resolvemos los conflictos con justicia, sino con cálculo. No con verdad, sino con conveniencia. No con institucionalidad, sino con reparto. Se levantan los bloqueos, vuelven los minibuses, se abren los mercados y los discursos hablan de normalidad. Pero debajo queda la fractura. Queda el ciudadano que perdió su ingreso. También la familia que enterró a alguien. Queda el miedo de saber que, en Bolivia, la paz puede ser apenas una pausa entre dos crisis.
La paz sin justicia no es paz: es cansancio. La normalidad sin verdad no es normalidad: es la resignación de los hombres y mujeres de este país. El orden sin responsabilidad no es democracia: es miedo administrado.
Por eso, un estado de excepción debe ser vigilado con extremo cuidado. No puede convertirse en cheque en blanco para el poder. La excepcionalidad debe tener límites, control legislativo, respeto a los derechos fundamentales y responsabilidad posterior. El Estado debe actuar, sí, pero no puede actuar como si la urgencia lo autorizara todo. Una democracia se mide precisamente cuando enfrenta el desorden sin renunciar a sus principios.
Bolivia necesita calles libres, pero también conciencia libre. Necesita pan, trabajo, transporte y abastecimiento, pero también memoria, investigación y verdad. Requiere un Estado capaz de imponer orden sin atropellar derechos, y una sociedad capaz de protestar sin destruir la vida de otros. Necesita dirigentes que entiendan que la representación popular no es licencia para paralizar un país. Y necesita autoridades que comprendan que gobernar no es administrar favores, sino proteger vidas.
Responsabilidades
Aún quiero creer en una Bolivia donde pensar distinto no sea una amenaza. Donde la libertad de expresión no sea sospechosa. Donde protestar no signifique condenar al hambre al vecino. Que la justicia no llegue tarde, incompleta o domesticada. Donde la política deje de usar a los muertos como argumento y empiece a tratarlos como una responsabilidad moral.
Aún quiero creer en una Bolivia más junta, más nuestra, más humana.
Pero para llegar a ella debemos atrevernos a formular la pregunta que siempre se evita después de cada crisis: ¿quién paga realmente el precio?
Hasta ahora, lo paga el pueblo. Lo pagan los trabajadores, los comerciantes, los enfermos, las familias y los muertos. Lo paga la esperanza de un país que se cansa de empezar de nuevo cada vez que otros negocian sobre sus heridas.
Y mientras eso no cambie, Bolivia seguirá atrapada en la política del duelo: esa forma dolorosa de gobierno donde el pueblo pone los muertos y el poder decide qué hacer con ellos.
