El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informó que este 6 de julio el Estado ejecutó pagos por Bs 80,4 millones, con prioridad en el pago de salarios del sector público, servicios básicos, avance de obras y fortalecimiento del sistema de salud.
El gasto público acumulado en lo que va de 2026 asciende a Bs 62.255 millones, según el Contador de Pagos Públicos.
De acuerdo con el reporte oficial, del gasto diario ejecutado, Bs 72,4 millones fueron destinados al rubro «Otros», que incluye principalmente el pago de sueldos y salarios del personal de distintas entidades públicas correspondientes a junio, además de servicios básicos, reposición de fondos rotatorios y avance de obras.
Gasto Público
Asimismo, el Gobierno asignó Bs 7,5 millones al sector salud, Bs 400.000 para combustibles y no registró desembolsos en la jornada para el pago de la Renta Dignidad.
En el acumulado de la gestión, el Ministerio informó que el mayor volumen de recursos se destinó al rubro «Otros», con Bs 43.103,1 millones, seguido por Bs 14.024,9 millones para combustibles, Bs 3.063,6 millones para salud y Bs 2.063,2 millones para el pago de la Renta Dignidad.
La cartera de Estado señaló que la prioridad de la jornada fue cumplir con las obligaciones salariales de las entidades públicas, además de garantizar el funcionamiento institucional mediante el pago de servicios básicos, la reposición de fondos rotatorios y el financiamiento del avance de proyectos de inversión.
Ministerio de Economía
A través de la publicación del Contador de Pagos Públicos, el Ministerio de Economía reiteró que la difusión diaria de esta información forma parte de la política de transparencia sobre el destino de los recursos del Estado.
«Mantenemos el compromiso de informar sobre el destino de los recursos estatales para el funcionamiento del país», señala el reporte oficial.
La entidad concluyó que la ejecución de estos recursos responde a una política de «gestión responsable y transparente», orientada a garantizar el funcionamiento de las instituciones públicas y la continuidad de los servicios que presta el Estado.
