Bolivia se encamina a tomar una relación financiera con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en busca de recursos que le permitan aliviar la escasez de divisas y estabilizar una economía sometida a crecientes presiones políticas externas.
De concretarse un programa de financiamiento, el país se sumaría al grupo de economías latinoamericanas que mantienen deudas vigentes con el organismo multilateral, en un contexto regional marcado por el recurso al crédito internacional para enfrentar desequilibrios macroeconómicos.
En mayo, el presidente Rodrigo Paz anticipó que su administración mantenía negociaciones avanzadas con el Fondo para acceder a un programa de financiamiento de unos $us 5.000 millones. Los recursos, de concretarse el acuerdo, estarían destinados a financiar proyectos productivos y de inversión para distintos sectores de la economía, en un contexto marcado por la necesidad de fortalecer la liquidez y reactivar la actividad económica.
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FMI
Hace poco hemos estado con el Fondo Monetario Internacional para gestionar un paquete de financiamiento cercano a los $us 5.000 millones orientado a inversiones en Bolivia”, afirmó Paz durante la inauguración del Consejo Económico y Social, una instancia presentada por el Gobierno como un espacio de diálogo para atender las demandas de distintos sectores e impulsar el desarrollo de la economía nacional.
El Mandatario boliviano aclaró que un eventual acuerdo no implicará la adopción de un programa económico diseñado por el organismo. Según explicó, Bolivia apunta a acceder al financiamiento bajo su propia estrategia de política económica.
Asimismo, señaló que el Gobierno mantiene abiertas diversas fuentes de financiamiento externo. Indicó que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aprobaron créditos o analizan nuevas líneas de financiamiento para proyectos de infraestructura vial y el fortalecimiento de empresas estatales.
Préstamos
Argentina concentra la mayor exposición financiera frente al FMI, con una deuda que supera ampliamente la del resto de los países de la región. En tanto; Ecuador y Costa Rica figuran entre las economías que han recurrido al organismo para obtener financiamiento vinculado a programas de estabilización macroeconómica, fortalecimiento de la liquidez y recuperación de la confianza de los mercados.
La deuda de Argentina con el FMI asciende a cerca de $us 57.700 millones. El país sudamericano continúa siendo el mayor deudor individual con la entidad.
Los países latinoamericanos acuden al organismo en momentos de fuertes presiones económicas, especialmente cuando enfrentan problemas de liquidez externa, caída de reservas internacionales o desequilibrios fiscales. El financiamiento del organismo apunta a proporcionar respaldo financiero para atender crisis de balanza de pagos, evitar incumplimientos de deuda y acompañar programas orientados a recuperar la estabilidad macroeconómica y la confianza de los mercados.
Analistas internacionales ven que para varios países de la región, los programas con el Fondo Monetario Internacional funcionan como una señal de respaldo financiero que puede facilitar el acceso a recursos y mejorar la confianza de los inversores. Este apoyo cobra relevancia en economías donde acudir a los mercados internacionales continúa siendo más restrictivo, implica mayores costos de financiamiento o está condicionado por factores políticos y macroeconómicos.
Crédito
“La relación con el FMI sigue siendo un termómetro de fragilidad externa en algunos países de la región, especialmente cuando el acceso al mercado es caro o limitado, pero no describe a toda América Latina”, manifestó Emanoelle Santos, analista de mercados de la app de inversiones XTB.
Santos agregó que el vínculo de los países latinoamericanos con el Fondo presenta realidades distintas. Argentina mantiene la mayor carga financiera con el organismo internacional, muy por encima del resto de la región, mientras que Ecuador y Costa Rica destacan por acuerdos asociados a programas de ajuste, acceso a liquidez y fortalecimiento de la credibilidad económica ante los mercados internacionales.
En El Salvador, el respaldo del Fondo Monetario Internacional forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la sostenibilidad fiscal, en un contexto donde, pese a la mejora gradual de las cuentas públicas, el elevado costo del servicio de la deuda y las limitaciones de acceso al financiamiento internacional mantienen al crédito oficial como una fuente relevante de recursos.
Estrategia
El gobierno argentino destaca los acuerdos como una fuente de respaldo a su estrategia económica, orientada a consolidar la estabilidad macroeconómica, fortalecer la confianza financiera y generar condiciones para impulsar el crecimiento de esa nación.
“Este acuerdo es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad macroeconómica en la que hemos trabajado estos dos años y contribuirá a fortalecer el crecimiento económico de nuestro país”, señaló el ministro argentino de Economía, Luis Caputo, al diario español El País.
Entretanto, Ecuador mantiene un acuerdo vigente de Servicio Ampliado del Fondo (SAF) con el FMI. Tras superar la quinta revisión, el directorio ejecutivo aprobó en abril de 2026 un desembolso inmediato para respaldar las metas económicas, la liquidez y la seguridad ecuatoriana.
El otro país sudamericano con deudas es Paraguay, el FMI y el país guaraní sustentan programas de acompañamiento económico y financiero. El organismo emitió alertas recientes sobre el rápido crecimiento de los créditos al consumo y tarjetas de crédito, instando a una supervisión cercana para evitar un sobreendeudamiento familiar. El Fondo no recomienda paquetes de rescate por crisis, sino que respalda la estabilidad financiera y el control del gasto.
Según la plataforma digital multimedia de noticias de negocios, economía y finanzas enfocada en Latinoamérica y el Caribe, Bloomberg la deuda paraguaya asciende a $us 314 millones.
Bolivia
En el escenario actual, Bolivia aparece como uno de los casos más delicados de la región. Según Emanoelle Santos, el impacto del shock energético profundiza una situación económica que ya enfrentaba tensiones por el peso de los subsidios, la menor disponibilidad de divisas y el aumento de las presiones sociales.
A nivel internacional, Santos advierte que el FMI observa un contexto marcado por niveles de deuda pública históricamente elevados, costos de financiamiento superiores a los registrados antes de la pandemia de COVID-19 y una menor tolerancia de los mercados frente a desequilibrios fiscales que afectan al país.
En ese marco, el Gobierno aseguró que el Presupuesto General del Estado (PGE) reformulado permitirá avanzar a mayor estabilidad macroeconómica al reducir el déficit fiscal del 15,8% al 9,2% del Producto Interno Bruto.
Según el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, el presupuesto original que dejó el anterior gobierno tenía cerca de Bs 61.000 millones sin recursos y la actual administración hizo un recorte en el presupuesto de Bs 20.000 millones de déficit.
Acceso al FMI será ‘clave’ para el nuevo esquema
Las gestiones del Gobierno para acceder al financiamiento abren el debate sobre la necesidad de ajustar el régimen cambiario, fortalecer reservas y recuperar la estabilidad del país.
El analista y político Samuel Doria Medina considera que un eventual acuerdo con el organismo multilateral permitiría avanzar hacia la unificación del tipo de cambio y un esquema de mayor flexibilidad cambiaria, una medida que, a su juicio, debió aplicarse al inicio de la gestión gubernamental.
“Esta medida es necesaria. Debió hacerse en los primeros 100 días de gobierno. No se hizo en seis meses y luego vinieron los bloqueos, el parón productivo y la agudización de la inflación”, señaló Samuel.
Sostuvo que, antes de avanzar con nuevas medidas, la prioridad debe ser recuperar la actividad económica y normalizar el funcionamiento del país. “El Gobierno debe poner la economía nuevamente en marcha”, afirmó.
Por su parte, el economista Jaime Dunn planteó una lectura centrada en la situación de las reservas internacionales y la capacidad del Banco Central de Bolivia para respaldar un nuevo régimen cambiario.
Dunn explicó que, junto a un equipo de economistas de Alianza por la Libertad, realizó una evaluación utilizando una de las métricas empleadas por el FMI: el indicador ARA (Assessing Reserve Adequacy), una herramienta que mide la suficiencia de las reservas internacionales frente a las necesidades de una economía.
“Bolivia se encuentra en un nivel crítico de vulnerabilidad, alcanzando un valor estimado más o menos de ARA del 15% sobre 100 mínimo”, dijo el analista.
Estimó que serían necesarios $us 5.000 millones en efectivo para sostener de manera sólida el régimen cambiario.
