El Ministerio de Relaciones Exteriores realizó este jueves el conversatorio “Actualización del Protocolo de Actuación Consular para la Atención de Connacionales Víctimas de Trata de Personas en el Exterior”. El espacio estuvo orientado a fortalecer la respuesta del Estado boliviano frente a la trata de personas. Asimismo, mejorar los mecanismos de protección de bolivianas y bolivianos en situación de vulnerabilidad fuera del país.
El objetivo del evento, según una nota institucional, es reforzar la protección integral y la respuesta institucional para las víctimas. En ese marco, se busca mecanismos más eficaces de identificación temprana, asistencia legal, apoyo psicológico. Asimismo, coordinación interinstitucional, repatriación segura y restitución de derechos.
Asimismo, se pretende fortalecer el rol de las representaciones consulares como primera línea de atención y protección del Estado boliviano en el extranjero.
Durante su intervención, el ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo, sostuvo que la actualización del protocolo no constituye “un simple ejercicio de revisión administrativa”. Se trata de una reflexión profunda sobre la responsabilidad del Estado frente a una de las violaciones más graves de los derechos humanos de nuestro tiempo.
INTERPELACIÓN
El Canciller afirmó que, cuando una boliviana o un boliviano cae en redes de trata de personas en el exterior, “el sufrimiento no ocurre lejos de nosotros”, sino que interpela al Estado. También desafía a la sociedad y pone a prueba su capacidad institucional de protección.
En esa línea, remarcó que “la soberanía de un Estado no termina en sus fronteras. También se expresa en su capacidad de proteger a sus ciudadanos allí donde se encuentren”.
La autoridad subrayó que Bolivia no puede asumir “un papel pasivo” frente a situaciones que comprometen la vida, la integridad y la libertad de sus ciudadanos.
“La trata de personas busca arrebatar nombres, identidades, libertades y proyectos de vida. La obligación del Estado es exactamente la contraria: proteger, acompañar y restituir derechos”, afirmó la autoridad, y destacó la necesidad de construir una red consular más humana, cercana y efectiva.
El viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García, reiteró sobre la importancia de fortalecer la respuesta institucional.
“La trata de personas destruye proyectos de vida, rompe familias y convierte la vulnerabilidad humana en mercancía. Frente a este delito no caben respuestas débiles ni fragmentadas. Cuando una víctima logra pedir ayuda, el Estado no puede llegar tarde”, señaló la autoridad.
Asimismo, remarcó que desde el Viceministerio se trabaja para fortalecer instituciones más coordinadas. Y que el trabajo sea eficiente y capaz de garantizar una protección real y oportuna a las víctimas.
ESFUERZO
Por su parte, el embajador del Reino de España en Bolivia, Fernando García, reconoció los esfuerzos que impulsa el Estado boliviano para fortalecer mecanismos de protección. Señaló que las representaciones consulares cumplen un rol fundamental al convertirse, muchas veces, en el primer espacio seguro para personas que enfrentan situaciones de vulnerabilidad fuera de su país.
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La actividad contó con la participación de autoridades nacionales, representantes de misiones diplomáticas, organismos internacionales, instituciones especializadas y organizaciones de la sociedad civil.
