El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, afirmó este jueves que el diálogo instalado entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) debe desarrollarse dentro del marco de la ley y sin conceder impunidad a las personas procesadas por los hechos de violencia registrados durante casi 50 días de conflicto en el departamento de La Paz.
“Estamos esperanzados en que este diálogo sea fructífero; sin embargo, queremos ser muy claros de que un instrumento de diálogo no puede estar reñido con la ley”, dijo.
Lupo ratificó que el Ejecutivo busca una salida pacífica al conflicto, pero insistió en que los hechos ocurridos durante las movilizaciones deben tener responsables.
“Vamos a llevar un diálogo, pero va a ser un diálogo responsable, un diálogo que realmente pacifique el país, pero que establezca responsabilidades de lo que ha ocurrido en el pasado”, afirmó.
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El ministro rechazó la posibilidad de otorgar beneficios generalizados a los detenidos y señaló que cada situación debe analizarse de manera individual. Explicó que algunas personas fueron arrestadas por participar en manifestaciones y podrían recuperar su libertad, mientras que otras enfrentan medidas cautelares y procesos por delitos específicos.
Asimismo, recordó que durante las protestas se registraron agresiones a policías, ataques a la propiedad pública y privada, restricciones al paso de ambulancias y oxígeno y hechos que derivaron en fallecimientos.
El Gobierno y la COB esperan el informe de la comisión jurídica conformada con la participación de fiscales para evaluar la situación de las personas aprehendidas durante las movilizaciones. La respuesta a este tema definirá la reanudación de las conversaciones para la pacificación del país.
La crisis en La Paz se acerca a los 50 días de conflicto y mantiene bloqueos en distintas rutas del país, con efectos en el abastecimiento, la economía y la circulación de personas y mercancías.
