Bolivia registró 246 hechos de conflictividad entre abril y junio de 2026, de los cuales 212 correspondieron a conflictos activos y 34 a anuncios de movilizaciones, según el Segundo Reporte Trimestral sobre la Conflictividad elaborado por la Defensoría del Pueblo. La mayor parte de los casos se concentró en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
“En el periodo del segundo trimestre de 2026, a nivel nacional se registró en el Sistema Inteligente de Monitoreo, Análisis y Alerta Temprana (Simat), un volumen de conflictividad de doscientos cuarenta y seis (246), de los cuales doscientos doce (212) son conflictos activos y treinta y cuatro (34) anuncios de conflictos”, señala el informe.
Conflictos
De los 212 conflictos activos, 91 se registraron en La Paz, 32 en Cochabamba, 23 en Santa Cruz, 18 en Beni, 15 en Potosí, 13 en Oruro, 12 en Tarija, seis en Chuquisaca y dos en Pando.
El reporte identifica al bloqueo de caminos como la principal medida de presión, con 89 registros. Le siguen las marchas, con 43; los mítines de protesta, con 22; los paros, con 18; las declaratorias de estado de emergencia, con 16; y la toma de instituciones, con nueve. También se reportaron enfrentamientos, vigilias, huelgas de hambre y un cacerolazo.
La Defensoría recordó que una de las movilizaciones más prolongadas del periodo fue la protagonizada por la Central Obrera Boliviana (COB), que se extendió durante 53 días y pasó de exigir atención a un pliego petitorio a demandar la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Informe
“Se observa una ampliación sostenida del apoyo a esta demanda, pasando de un reducido número de sectores a más de 60 organizaciones sociales, sindicales, campesinas, indígenas, vecinales y de transporte, reflejando el escalamiento y la masificación del conflicto”, destaca el documento.
Según el informe, al menos 63 organizaciones sociales se sumaron entre mayo y junio al pedido de dimisión del mandatario.
Ante este escenario, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, exhortó a las autoridades a fortalecer los mecanismos de prevención y gestión de conflictos.
Defensoría
“Es necesario fortalecer los mecanismos preventivos de gestión de conflictos para evitar el escalamiento de la violencia y proteger los derechos humanos”.
Asimismo, remarcó la importancia de consolidar espacios permanentes de diálogo entre el Estado y las organizaciones sociales para evitar que las demandas deriven en medidas de presión de mayor intensidad.
