Ante las denuncias de pobladores de La Asunta posibles actividades mineras ilegales que no cumplirían con la normativa vigente, el director de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Jaime Sanabria, informó que se realizarán acciones de fiscalización en la zona.
La autoridad minera explicó que la AJAM recibió denuncias y reclamos relacionados con actividades mineras desarrolladas en el sector, por lo que se ejecutará una inspección técnica con carácter previo, a fin de establecer las condiciones en las que se desarrollan estas operaciones y verificar si cumplen con los requisitos establecidos por la normativa vigente.
“Vamos a ejecutar una inspección al lugar con carácter previo para establecer la legalidad o ilegalidad de estas actividades y verificar el cumplimiento de las normas que exige la actividad minera”, adelantó Sanabria.
Asimismo, explicó que la atención de estas denuncias tuvo algunas dificultades debido a los conflictos sociales registrados en el país durante el mes pasado, además de las limitaciones relacionadas con la disponibilidad de recursos humanos y técnicos; sin embargo, señaló que la institución retomó las acciones de fiscalización dentro del marco de sus competencias.
“El territorio boliviano es muy grande y los recursos con los que contamos son limitados, pero eso no es una disculpa para no ejecutar nuestra tarea; estamos retomando las acciones correspondientes”, explicó la autoridad.
Fiscalización
Como parte de las acciones de fiscalización, la AJAM coordinará con la autoridad ambiental competente para verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales vinculadas a la actividad minera y, de corresponder, establecer las acciones dentro del marco institucional.
De verificarse actividades mineras ilegales, se aplicarán las medidas correspondientes conforme a la normativa vigente.
Asimismo, destacó que la fiscalización minera requiere un trabajo coordinado con instituciones como las Fuerzas Armadas, la Policía Boliviana y el Ministerio Público, y aseguró que la AJAM continuará fortaleciendo las acciones de control y verificación en el territorio nacional para garantizar que las actividades mineras se desarrollen dentro del marco normativo vigente.
Vigilia
Roger Ortiz, presidente de la junta vecinal de la urbanización Los Tajibos, lidera la vigilia que se realiza ya hace varias semanas y acusó a dos dirigentes como los principales facilitadores de los operadores extranjeros, junto con la comunidad de Río Seco, que facilitan el trabajo de estas compañías en este lugar.
“Estas actividades no solo extraen recursos que pertenecen al Estado y al municipio, sino que están generando un grave deterioro en las riberas del Boopi, afectando a las familias que habitan aguas abajo”, aseguró el dirigente.
El dirigente vecinal hizo un llamado a la unidad de todas las organizaciones sociales del municipio, incluyendo juntas vecinales, centrales y comunidades, para expulsar a los operadores ilegales. Advirtió que la contaminación no se limita al Boopi, sino que también alcanza al río Totora, donde existirían otros puntos de extracción irregular, y exigió que las autoridades departamentales asuman el control de la situación antes de que los daños sean irreversibles.
La vigilia, que se extiende por más de 30 días, busca impedir que la maquinaria continúe operando en este lugar. «Hoy por hoy estamos siendo avasallados, atacados y amedrentados por estos extranjeros», expresó Ortiz y los responsabilizó a por la creciente contaminación y el clima de temor que se vive entre los residentes de la zona.
