El Gobierno inició la evaluación de 15 empresas públicas que tienen quiebra técnica para definir si serán reestructuradas, fusionadas o cerradas, informó este martes el director la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), Pablo Camacho.
Asimismo, explicó que en 30 días de presentará un diagnóstico final sobre la situación de cada una de esas empresas en cumplimiento con el Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 reformulado.
Justamente el lunes, el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, informó que el PGE reformulado establece un recorte de Bs 3.800 millones en los aportes de capital y gastos de las empresas públicas y anunció que esperan el aval de la Asamblea Legislativa para ejecutar un plan de reestructuración, cierre o fusión de esas entidades.
En ese contexto, Camacho dijo que las pérdidas registradas por estas empresas durante la pasada gestión superan los Bs 1.027 millones, mientras que varias de ellas ya arrastraban observaciones de auditorías realizadas hace más de dos años.
“Vamos a cumplir mucho antes. Ya estamos trabajando en el diagnóstico, ya tenemos aprobada la metodología y con toda seguridad la vamos a presentar en menos de los 30 días que establece el proyecto de presupuesto”, afirmó Camacho en Red Uno.
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Asimismo, explicó que se identificó que entre las empresas con mayores dificultades están las de San Buenaventura, la Empresa Boliviana de Alimentos, la Empresa Pública Productiva de Semillas, la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH), Karachipampa, la empresa de cemento y la de Comercializadora de Oro (Epcoro).
Ideología
En criterio del ejecutivo, esas empresas no tuvieron un adecuado estudio de prefactibilidad y están creadas por decisiones basadas en criterios políticos y deficiente administración.
“Fueron empresas realizadas cuando la ideología prevalecía sobre la economía. Esa fue una de las variables, además de la mala y pésima administración”, señaló.
La autoridad también cuestionó proyectos como la planta estatal de papas fritas instalada en El Alto, asegurando que se construyó sobre un terreno privado y con una inversión de $us 23 millones.
“Nuestro trabajo es mostrarle a Bolivia cuán grande es la situación y presentar un diagnóstico técnico. Si hay responsables, será la justicia la que determine las acciones correspondientes”, indicó.
El diagnóstico se presentará al Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública (COSEP), instancia que definirá el futuro de las empresas evaluadas mediante procesos de reestructuración, fusión, transformación o disolución.
