El fiscal David Torrez afirmó que el acuerdo suscrito entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) para pacificar el país no implica impunidad para las personas investigadas por delitos cometidos durante los más de 50 días de bloqueos.
La autoridad remarcó que el Ministerio Público actuará con independencia y continuará los procesos conforme a la ley.
Fiscalía
“Sobre los bloqueos suscitados en La Paz y el resto del país, se están realizando comunicaciones de hechos con características delictuosas en los que el Ministerio Público recibe la denuncia y, si evidencia una acción penal pública, inicia las acciones necesarias”, explicó en conferencia de prensa.
Torrez explicó que la comisión legal creada en el marco del acuerdo tendrá la función de revisar la situación jurídica de los detenidos y procesados, pero aclaró que ello no significa la anulación automática de las investigaciones ni la suspensión de las acciones penales. «No existe ningún acuerdo de impunidad», enfatizó.
Impunidad
El Fiscal General sostuvo que el Ministerio Público mantendrá su actuación bajo los principios de objetividad, legalidad e independencia, evaluando cada caso de manera individual y respetando el debido proceso.
Añadió que las investigaciones continuarán cuando existan elementos suficientes para establecer responsabilidades penales.
Las declaraciones surgen luego de que distintos sectores cuestionaran uno de los puntos del acuerdo firmado entre el Gobierno y la COB, referido a la revisión de los procesos iniciados durante las movilizaciones.
El documento contempla la conformación de una comisión integrada por representantes del Órgano Ejecutivo, la COB y el Ministerio Público para analizar la situación de las personas detenidas y los procesos derivados del conflicto.
Bloqueos
Torrez reiteró que ninguna instancia política puede interferir en las decisiones del Ministerio Público y aseguró que las investigaciones por hechos delictivos registrados durante los bloqueos seguirán su curso conforme a la normativa vigente.
El conflicto social se extendió por más de 50 días y dejó fallecidos, centenares de personas investigadas, cuantiosas pérdidas económicas y un severo desabastecimiento en distintas regiones del país.
Tras la firma del acuerdo de pacificación entre el Gobierno y la COB, el Ejecutivo insistió en que la revisión de los casos judiciales no significa otorgar beneficios automáticos ni eximir de responsabilidad a quienes hayan cometido delitos durante las protestas.
