El Gobierno afirmó este jueves que la crisis que atraviesa el sistema judicial debe convertirse en el punto de partida para una reforma profunda de la administración de justicia. El viceministro de Transparencia, Yamil García, afirmó que el momento exige cambios estructurales y una agenda entre los órganos del Estado para corregir problemas que vienen desde hace décadas.
«Esta crisis que se ha generado representa una oportunidad para reconstruir el sistema de justicia de nuestro país», afirmó en BTV.
García señaló que el Ejecutivo impulsa un trabajo coordinado con el Órgano Judicial, el Legislativo y otros sectores para definir una hoja de ruta que permita atender las principales deficiencias del sistema.
En su criterio, la reforma debe partir de un diagnóstico integral y no de soluciones aisladas.
«No existe en realidad un problema que haya sido originado durante la gestión de Gobierno. Son demandas históricamente no atendidas por diferentes gobiernos», aseguró.
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Entre las principales dificultades, mencionó la falta de presupuesto, la necesidad de renovar autoridades, la actualización de leyes y la ausencia de infraestructura judicial en varios municipios del país. También planteó acelerar la digitalización de la justicia y recordó que el Gobierno ofrece apoyo técnico, a través de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), para modernizar los servicios judiciales.
El viceministro cuestionó decisiones asumidas por magistrados prorrogados y consideró que esas actuaciones generaron distorsiones en el sistema constitucional. Como ejemplo, señaló que el país deberá realizar dos procesos electorales para completar la renovación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), lo cual demandará un elevado gasto para el Estado.
Asimismo, ratificó que la reforma judicial debe construirse con la participación del Órgano Judicial, la Asamblea Legislativa, los colegios de abogados y la sociedad civil.
«Todos tenemos que ser parte de la construcción de la reforma judicial», añadió.
García también se refirió a la relación entre política y justicia y afirmó que uno de los objetivos del proceso será evitar que se repitan prácticas que, a su criterio, afectaron la independencia judicial.
«Los jueces no deben hacer política y los políticos no deben administrar justicia», enfatizó.
Hace días, el Órgano Judicial urgió soluciones y mayor presupuesto para la justicia en un plazo de 20 días. De lo contrario, el órgano entraría en un eventual paro.
