La defensa legal del ejecutivo de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari, Vicente Salazar, anunció que presentará una acción de libertad. Consideró que la aprehensión del dirigente vulneró sus derechos y no se ajustó al procedimiento legal.
El abogado de Salazar afirmó que la medida constitucional buscará dejar sin efecto la aprehensión, mientras cuestionó la actuación de la Policía y del Ministerio Público durante el operativo realizado el sábado en la ciudad de El Alto.
Vicente Salazar
“Vamos a presentar una acción de libertad porque la aprehensión es totalmente ilegal y arbitraria”, sostuvo el jurista.
La defensa argumentó que Salazar no fue citado previamente para prestar su declaración y que tampoco existían elementos que justificaran una aprehensión directa, por lo que, a su juicio, se vulneró el debido proceso.
“No existía ningún riesgo de fuga ni de obstaculización; él siempre estuvo a derecho”, aseguró.
El dirigente campesino fue aprehendido el sábado cuando se encontraba a bordo de una camioneta y posteriormente fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz.
Imputación
Horas después, la Fiscalía emitió la imputación formal en su contra por los presuntos delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y atentados contra la seguridad de los servicios públicos.
Además, el Ministerio Público solicitó al Juzgado 17 de Instrucción Penal Anticorrupción que Salazar cumpla seis meses de detención preventiva en el penal de San Pedro mientras se desarrollan las investigaciones.
Defensa
El abogado insistió en que la defensa demostrará que su cliente no cometió los delitos que le atribuye la Fiscalía y aseguró que agotará todos los recursos legales para lograr su libertad.
“Vamos a hacer prevalecer sus derechos constitucionales y demostrar su inocencia”, afirmó.
El proceso contra Salazar se abrió por los más de 50 días de bloqueos registrados en el país. Paralelamente, las investigaciones también alcanzan al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y al expresidente Evo Morales, a quienes el Gobierno identifica como presuntos impulsores de las medidas de presión.
