El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, exhortó a la población a preservar la independencia e institucionalidad de la Defensoría del Pueblo frente a acciones y declaraciones que buscan deslegitimar su labor constitucional como Institución Nacional de Derechos Humanos.
«Convocamos a la ciudadanía a preservar la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo por encima de cualquier interés coyuntural o político. La fortaleza de una Institución Nacional de Derechos Humanos constituye una garantía para la protección de los derechos de todas las bolivianas y todos los bolivianos», afirmó la autoridad en conferencia de prensa.
Las declaraciones de Callisaya surgen luego de las observaciones y cuestionamientos de parte de algunas autoridades de la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre su rol durante los más de 50 días de bloqueos.
Según varios legisladores, se evidenció una presunta inacción y parcialidad a favor de los bloqueadores. Afirmaron que ignoró el sufrimiento de los sectores varados y afectados durante el prolongado conflicto social y bloqueos de carreteras. Lo acusan de incumplimiento de deberes y exigen su salida del cargo.
“Lamento mucho que usted haya salido solo a defender a los bloqueadores y no hizo eco de los que estábamos sufriendo nosotros y la población. Usted viene a hablar bonito acá. Por eso pido y le solicito que adjunte las pruebas de todo lo que usted dice que ha hecho. Aparentemente ha hecho mucho, incluso más que el Gobierno y nosotros. Pero usted debió ser invisible que no lo he visto. Hay un pueblo que está muy molesto por su ausencia”, expresó la diputada Marlene Miranda, durante una presentación de informe del defensor.
CPE
En contraposición, Callisaya recordó que, por mandato de la Constitución Política del Estado, la Defensoría del Pueblo tiene la misión de promover, proteger y defender los derechos humanos. Además de supervisar el cumplimiento de las obligaciones estatales en esta materia.
Precisó que la ejecución de políticas públicas y la prestación de servicios corresponden a las instancias competentes de los niveles central, departamental y municipal del Estado.
«No se le puede exigir a la Defensoría del Pueblo la provisión de alimentos, porque esa es una competencia de otras instituciones del Estado. Tampoco se le puede exigir el desbloqueo de vías, porque esa responsabilidad corresponde a las autoridades competentes. Lo que sí corresponde a la Defensoría del Pueblo, y es lo que hemos hecho durante el reciente periodo de conflictividad, es exigir al Estado el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los derechos de la población», puntualizó.
ACCIONES
Recordó que, durante el periodo de conflictividad social, la institución defensorial desplegó acciones de verificación, monitoreo, acompañamiento humanitario y promoción del diálogo.
Asimismo, señaló que, junto con la Iglesia Católica y organizaciones de la sociedad civil, impulsó espacios de acercamiento entre los distintos actores, además de mantener informada de manera permanente a la población sobre las actuaciones desarrolladas.
Callisaya recordó que la Defensoría del Pueblo cuenta con la acreditación de estatus «A», otorgada en el marco de los Principios de París de las Naciones Unidas. Este reconocimiento certifica su independencia, autonomía y cumplimiento de los estándares internacionales aplicables a las instituciones nacionales de derechos humanos.
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«La Defensoría del Pueblo continuará ejerciendo su mandato constitucional con independencia, imparcialidad y pleno compromiso con la defensa de los derechos humanos. Nuestra única agenda es la protección de la dignidad y los derechos de todas las personas, sin distinción alguna», concluyó Callisaya.
