Ha vuelto al debate público la posibilidad de legalizar los autos indocumentados o chutos que fueron importados de contrabando al país. La propuesta ha causado revuelo, expectativa, e incluso una fuerte discrepancia pública dentro del gobierno: unos ministros a favor y otros en contra. El tema es ciertamente complejo y existen importantes argumentos de ambos lados. Yo, sin embargo, no tengo dudas.
Mi posición frente a este tema es la misma que tengo sobre el comercio internacional en general: la importación (y la exportación) de cualquier bien debe ser libre, punto. Esto significa que el gobierno no tiene porqué prohibirla o dirigirla. Significa además que deben eliminarse impuestos, aranceles y toda medida paraarancelaria que hace que la gente no pueda ingresar mercadería de forma legal o que le cueste un ojo de la cara hacerlo (i.e. debe desaparecer la Aduana). La legalización de los chutos es, en este sentido, un reconocimiento al vil atropello que se le hizo a la libertad individual en el pasado, es la corrección de una injusticia cometida por una legislación mercantilista y corrupta.
Como pasa con todo lo clandestino, es difícil estimar la cantidad de autos chutos en el país. El diputado Reinaldo Seas, que presentó un proyecto de ley para legalizarlos, afirma que son más de 500.000. La Cámara Automotor Boliviana estima un número mucho mayor, 1.5 millones. De acuerdo con esta entidad ingresan alrededor de 120.000 chutos al año. Si esto fuera así, los chutos representarían más o menos un tercio del parque automotor nacional. ¿Por qué hay tanto chuto en Bolivia?
La razón es, como decía arriba, una legislación tremendamente mercantilista y corrupta. Importar y comprar un vehículo formalmente en Bolivia cuesta, efectivamente, un ojo de la cara. Se pagan tres impuestos, el gravamen arancelario (entre el 5 y el 25% del valor CIF), el IVA (13% del valor CIF) y el impuesto al consumo específico o ICE (que puede llegar en algunos casos a 50% del valor CIF). En promedio, importar un vehículo de manera formal puede significar pagar entre 50 y 70% del valor CIF en impuestos. Una verdadera locura considerando que somos el país más pobre de Sudamérica.
Pero es peor, la legislación nos prohíbe importar vehículos usados. Imagínese, ¡como si fuéramos un rico país del Golfo Pérsico que compra todo nuevo! No se puede importar vehículos livianos con una antigüedad mayor a un año o vehículos pesados con una antigüedad mayor a tres. ¿Se da cuenta de la barbaridad que eso significa? Si alguien quiere comprar un auto, el gobierno lo obliga a comprar uno nuevo o a buscar uno usado dentro del país. Si además consideramos los impuestos ya mencionados, la legislación para la importación de vehículos es un verdadero crimen. Existe una gran oferta mundial de autos con 5, 10 o 20 años de antigüedad que podrían llegar a Bolivia por precios bastante módicos y mejorarnos la vida, pero el gobierno no nos deja acceder a ella. Al contrario, el gobierno nos obliga a importar solo nuevos y además nos faja una alícuota impositiva espeluznante cuando lo hacemos.
El resultado lógico de este atropello legal a la libertad individual es el contrabando. La demanda insatisfecha por vehículos genera una oferta ilegal y aparecen los chutos. Y claro, como todo mercado de contrabando, este también es un mercado negro, ilegal, violento y potencialmente infiltrado por el narcotráfico. Pero eso es a lo que la legislación mercantilista y corrupta nos lleva. Los individuos se ven obligados a tratar de resolver las restricciones que el gobierno les impone usando la economía informal y exponiéndose a mercados turbios que pueden traer consigo muchos riesgos.
Uno de esos riesgos es que el auto chuto sea robado. De hecho, muchos de los que rechazan la legalización lo hacen argumentando que muchos de los autos chutos son, efectivamente, robados y que legalizarlos sería legalizar un crimen. Y tienen toda la razón. Legalizar autos robados es inmoral y además generaría un incentivo perverso hacia el futuro. Así que dejémoslo bien claro: una potencial legalización de autos chutos no tendría que incluir jamás autos robados.
Pero ¿de cuántos autos robados estamos hablando? Pese a los reclamos, todo parecería indicar que representan un porcentaje menor dentro del total de autos chutos que ingresan al país. Un reporte de la Cámara de Comercio Automotriz de Chile indica que unos 3 mil autos robados en ese país entran a Bolivia cada año. Pero si, de acuerdo con la Cámara Automotor Bolivia, cada año entran al país unos 120 mil chutos, entonces los robados representarían menos del 3% de ese total. Claro, también habría que contar los autos robados en el resto de los países vecinos, pero todos sabemos que el grueso proviene de Chile. Incluso si suponemos que un monto similar al de Chile ingresa por el resto de los países vecinos, los autos robados solo representarían un 5 o 6% del total de autos chutos.
Otro argumento en contra de la legalización de chutos es que aumentaría la demanda por combustible en un contexto en que este escasea y todo son colas. Pero el problema ahí no radica en los chutos sino en la tremenda ineficiencia en la provisión de combustibles que sufre el país. Pedir que no lleguen más autos porque consumiremos más gasolina es como pedir que no lleguen más televisores porque consumiremos más electricidad, o que dejemos de hacer deporte porque consumiremos más agua. Hay que tener claro que la ineficiencia en la provisión de combustibles la genera (otra vez) el gobierno insistiendo en mantener un monopolio de importación administrado por la empresa pública más ineficiente y corrupta de nuestra historia contemporánea, YPFB. Las medidas lanzadas la semana pasada que permiten la importación privada de combustibles son, por lo tanto, una excelente iniciativa. Un mercado privado de combustibles podrá reaccionar ágilmente a un incremento en la demanda.
Es muy interesante ver que los más férreos opositores a la medida son los importadores formales representados por la Cámara Automotor Bolivia. Es entendible, ellos tienen en este minuto un mercado cautivo y esto no les conviene en absoluto. El país tiene en esencia un oligopolio formal en la venta de autos importados con unas 25 empresas que perderían muchos clientes. Pero en lugar de aferrarse al mercado cautivo que les proporciona la legislación, los importadores legales deberían ver esto como una oportunidad. El pedido unánime de importadores y clientes debería ser una rebaja significativa de impuestos (que quede solo el IVA) y que se les permita a las casas importadoras traer autos con cualquier año de antigüedad. Eso bajaría significativamente el precio y eliminaría la necesidad de la gente de arriesgarse a traer chutos terminando con ese mercado negro. Las casas importadoras verían, entonces, un incremento significativo en su mercado.
Y hablando de riesgo, otro de los perversos resultados que ha traído esta legislación ha sido que mucha gente que no puede comprar un auto nuevo, y no quiere arriesgarse con un chuto, termina comprando una moto. En particular, muchos jóvenes deben recurrir a ellas. Esto incrementa, por supuesto, los accidentes fatales en el país.
Como pueden ver, la legislación es tremendamente perversa y produce muy malos resultados. Uno se pregunta, entonces, por qué los políticos la aprobaron. Y si uno piensa mal, la respuesta es que probablemente no lo hicieron porque son tontos sino porque sabían exactamente lo que iba a pasar. Si uno piensa mal, uno concluiría que probablemente la aprobaron de manera corrupta precisamente para darle en bandeja un lindo negocio a la mafia.
El argumento de que una legalización premiaría al que hizo algo ilegal y castigaría al que se sometió a la ley tampoco es menor y tiene mucho sentido. Pero hay formas de compensarlo. Se podría disponer que cada chuto legalizado pague una fuerte multa cobrada una sola vez y este fondo pueda dedicarse a compensar a los que compraron autos de manera legal. Otra manera de hacerlo es conceder un crédito fiscal a todos los que compraron autos de manera legal en un determinado período de tiempo.
Muchos argumentan que la legalización supondría un fuerte ingreso para el gobierno por materia impositiva. Sí, claro, eso podría suceder, pero no debería ser el objetivo central de la reforma. No debemos hacer esto para darles más plata a los políticos. No, la gran ventaja económica es el inmenso capital sumergido que rescataríamos en el sector privado. Si cada uno de estos autos tiene un valor promedio conservador de $10.000 y asumimos que existen alrededor de 1 millón de ellos (un número más conservador que los 1.5 millones que estima la Cámara Automotor Bolivia), estamos hablando de un potencial de $10 mil millones en capital o patrimonio privado que ingresaría a la economía formal (¡un 20% del PIB!). Estamos hablando de una verdadera revolución de la propiedad privada en el país.
