En Bolivia un fantasma recorre por todos los rincones e instituciones: la impunidad. Esa que permite que los que han cometido actos de corrupción en gran escala no sean sometidos a la justicia, ni sean sancionados, ni devuelvan los recursos económicos o desviados o guardados en sus alcancías familiares. Esa que ante la justicia tiene precio y puede comprar sentencias, permitiendo que el acusado goce de libertad y esté feliz.
La impunidad que se refleja en algunos casos concretos y que la memoria colectiva fácilmente va olvidando y el sistema judicial va archivando: Angélica Sossa y sus principales colaboradores fueron acusados de un desfalco millonario de los sueldos del gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra, conocido como el caso ítems fantasmas. Más de 200 millones de bolivianos que nunca se los detectó, pero fueron a parar a cuentas personales. Ni la exalcaldesa ni sus secretarios fueron sentenciados ni los recursos económicos desviados fueron devueltos. Sosa estuvo algunos meses en Palmasola y hoy goza de libertad.
Caso Cuotitas, en el cual estuvieron involucrados ejecutivos de COTAS, que con picardía hicieron una estrategia eficiente: desviar las cuotas de los socios que adquirieron enseres electrodomésticos por un valor de más de $us 15 millones, los cuales ni fueron sancionados ni devolvieron el dinero de los socios.
Durante la gestión de Johnny Fernández, que lideró un gobierno municipal inundado de casos de corrupción, los cuales en gran parte fueron develados por el actual alcalde, Manuel Saavedra, quien prometió todo el peso de la ley para los denunciados, pero Fernández está libre, impune y no devolvió un solo centavo de las acusaciones que se le hicieron, todas ellas comprobadas, con documentos y pruebas fehacientes de sus actos dolosos y corruptos.
Koffi Annan, que fuera secretario general de la ONU, dijo que “la corrupción es un enemigo poderoso que se alimenta del silencio y la impunidad”, reflexión que se ajusta a la realidad boliviana y sus políticos, quienes a su paso por alguna entidad pública la tuvieron como sus espacios de enriquecimiento personal, conscientes que una vez terminada sus gestiones ni la justicia ni los nuevos que ingresen ni la sociedad sean protagonistas en activar mecanismos de acabar con su impunidad.
A nivel nacional el actual gobierno no se guardó nada para denunciar de un montón de hechos de corrupción que habrían cometidos en los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce y sus colaboradores, los cuales están en sala de espera aún. Sin procesos ni sanciones ni devolución de los recursos económicos.
Reina un silencio cómplice de un montón de instituciones, de sindicatos, empresas privadas, círculos dirigenciales cívicos y otros. La corrupción no tiene fronteras, ni es de exclusividad en el manejo de las instituciones del Estado, es parte del conglomerado humano e institucional de este país.
La lista de los casos de corruptos que han quedado impunes es frondosa significando un soberano sopapo a la dignidad de los ciudadanos y un golpe bajo a las instituciones que tienen que luchar contra esta realidad de dos caras: Impunidad e injusticia, tan perversas para los esfuerzos de todo el pueblo que día a día se esfuerza por sobrevivir y salir adelante.
Luis Andia, politólogo, docente de la UAGRM, apunta muy bien: “Un poder judicial que tiene tres grandes problemas: primero está perforado por la politización, los gobiernos de turno quieren tener influencia sobre el poder judicial y los jueces para mantenerse en sus cargos quieren tener relaciones directas con el poder. Justicia y política, van de la mano”. Da resultados para que la impunidad se imponga.
Andia añade que “la corrupción judicial es un problema estructural, no se resuelve solo cambiando jueces, o con elecciones, es algo más complicado que viene desde la cultura ciudadana pasando por la formación de los futuros administradores de justicia, formación de abogados, hasta un sistema entrecruzado con la política. Y las normas en general no están interconectadas con la realidad y los cambios”.
El abogado criminólogo, Alejandro Colanzi, autor de varios libros como La granja de Espejos, que develó los abusos cometidos contra jóvenes en conflicto con la ley, precisó que la corrupción es parte de los juegos del poder, y que es un tema muy complejo. “Depende de las circunstancias y procedimientos, no necesariamente penales, sino institucionales, broncas institucionales, debilitamiento de las estructuras para luchar y ser eficiente frente a los tentáculos de la corrupción”.
Aclara que la corrupción no solo se da en relación con el manejo del Estado, ocurre en varios sectores sociales, económicos, empresariales, forestales, agroindustriales. “A más poder económico y político mayor impunidad, las diferencias entre alguien que denuncia a un poderoso si es débil, no avanzará, o si avanza será años hasta cansarlo al denunciante”, precisó.
Explica que en los casos de los exalcaldes Johnny Fernández y Angélica Sossa, además de otros, se explica con esta lógica: la impunidad depende las relaciones de poder que se construyen y se van afianzando. Ambos personajes aún mantienen o sostienen ciertas relaciones de poder en las instancias políticas, judiciales, mediáticas, dirigenciales. Por ello hasta ahora son impunes.
La corrupción, sus efectos y la impunidad han acompañado el devenir histórico de Bolivia. Es una llaga abierta y sangrienta en democracia, del pueblo y sus instituciones, pero que a la vez la historia demanda un mínimo de decencia de sus gobernantes de todos los niveles del Estado.
